Esta decisión tuvo lugar despúes de que varias organizaciones feministas presentaran una demanda de inconstitucionalidad al artículo 19 de la Ley de aborto por violación.
El acceso al aborto por violación es un derecho a medias que alcanzaron las mujeres, niñas y adolescentes en Ecuador. Si bien ya ha pasado un año del histórico fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto por violación el 28 de abril del 2021. Su aplicación ha tenido más problemas que soluciones.
La vigencia de esta resolución ingresó el 29 de abril, cuando la Corte dispuso que sea la Asamblea Nacional, la responsable de darle forma a esta normativa.
Esto, luego de un debate fundamentado en el moralismo de muchos asambleístas y no en la realidad de las niñas. Que por cierto, es una realidad muy cruda, ya que cada día 7 niñas menores de 14 años dan a luz en Ecuador y de cada 100 embarazos a esa edad, 8 deciden abortar, según ha informado ONU Mujeres Ecuador.
Por tanto, esta reciente decisión de la Corte Constitucional llama la atención y brinda un poco de luz en medio de tanta convulsión.
La demanda fue presentada por diversas organizaciones como: Surkuna, Magma, Seremos las Últimas y la Alianza por los Derechos Humanos. Este recurso cuestiona el artículo 19 de la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, que dice lo siguiente:
Se permitirá la práctica del aborto consentido en caso de violación, únicamente si se cumple uno de los siguientes requisitos:
a) Que la víctima o cualquier persona que conociere del hecho hubiere presentado la correspondiente denuncia para la investigación y sanción del delito de violación y otros delitos conexos, salvo en caso de mujeres con discapacidad mental.
b) Que se hubiere suscrito por parte de la víctima, una declaración juramentada. En el caso de menores de edad, la declaración podrá suscribirla su representante legal o quien ejerza su rol de cuidado, salvo que fuere identificado como agresor por parte de la solicitante.