En una decisión decisiva que genera debate político y legal, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aprueba por unanimidad la denuncia formal presentada por el presidente Daniel Noboa contra el exjuez electoral Fernando Muñoz. El fallo incluye una sanción monetaria de 25 salarios básicos unificados, equivalentes a $11,750, por lo que el tribunal describe como «conducta irregular» durante el mandato de Muñoz. La decisión, respaldada por los cinco magistrados del TCE, se basa en presuntas violaciones a la ética electoral y a la integridad procesal.
Si bien la resolución no revela todos los detalles de la conducta indebida, fuentes del tribunal indican que las controvertidas intervenciones de Muñoz en procesos electorales recientes, en particular las relacionadas con decisiones precampaña, generaron alarma dentro de la institución y el poder Ejecutivo. Este caso llama la atención no solo por las figuras de alto nivel involucradas, sino también por su oportunidad, ya que Ecuador se adentra en un período político crítico.
Los analistas sugieren que la sanción refleja la intención del Gobierno de reforzar la rendición de cuentas en los organismos electorales. Sin embargo, los críticos advierten que esto podría sentar un precedente preocupante respecto a la influencia del Ejecutivo sobre las instituciones autónomas. Muñoz, quien ha guardado silencio tras el fallo, ya había sido objeto de señalamiento por decisiones percibidas como favorables a actores políticos investigados, o que enfrentaban prohibiciones electorales.
Los observadores legales, creen que esta sanción podría ser solo el comienzo de un esfuerzo optimizado para revisar las funciones y decisiones, de los funcionarios electorales que se desempeñaron en administraciones anteriores. Mientras tanto, el equipo del presidente Noboa celebra el resultado como una victoria para la transparencia y la corrección institucional.
Varias exautoridades electorales expresaron su preocupación por la reciente tendencia del TCE a alinearse con las quejas del Ejecutivo, cuestionando la independencia del tribunal en medio de la creciente polarización política.
El fallo también tiene implicaciones financieras y reputacionales para Muñoz, quien ahora enfrenta no solo la multa, sino también un posible aislamiento legal y político. En tanto, Ecuador continúa lidiando con desafíos en materia de seguridad, economía y gobernanza, este caso añade una nueva capa de complejidad al panorama democrático del país.