El sistema de Salud Pública en Ecuador enfrenta una crisis cada vez más profunda, acentuada por la repentina renuncia de dos ministros de Salud desde mayo. La asambleísta Christina Jácome, de la bancada Revolución Ciudadana, denuncia lo que describe como un patrón de abandono, donde los funcionarios dejan el cargo sin rendir cuentas, en medio de un creciente colapso de los servicios hospitalarios, la falta de medicamentos y una grave escasez de personal.
Jácome afirma que estas renuncias no son resultado de presiones políticas, sino de la negativa a asumir la responsabilidad de un sistema en caída libre. «El sector salud se está desintegrando y nadie quiere ser la cara visible de ese fracaso», afirma. Ninguno de los dos exministros —Edgar Lama y Juan Bernardo Sánchez— ha respondido a las citaciones de la Asamblea Nacional ni ha presentado la documentación solicitada por las comisiones de supervisión.
La situación en los hospitales es grave. Testimonios de sindicatos médicos y pacientes de todo el país indican retrasos en los tratamientos, quirófanos cerrados por falta de suministros e incluso sesiones de quimioterapia canceladas. Las unidades de atención primaria reportan semanas sin medicamentos básicos como antibióticos o insulina, especialmente en zonas rurales.
A este descontento se suma la precaria situación de los profesionales sanitarios. Jácome ha recibido informes de varias provincias donde los médicos están desbordados, trabajando sin contrato y, en algunos casos, pagando de su bolsillo equipos esenciales. «No se trata solo de edificios deteriorados o estanterías vacías; nuestro talento humano está siendo ignorado y maltratado», enfatiza.
En respuesta a estos acontecimientos, la Bancada Ciudadana intensifica sus demandas de transparencia y acciones concretas. Insisten en un nuevo plan nacional de emergencia para la salud, comenzando con una auditoría integral del gasto del ministerio y la reposición inmediata de medicamentos e insumos. Jácome también exige el nombramiento de un ministro permanente con cualificaciones técnicas y un compromiso público con la rendición de cuentas.
A pesar de las reiteradas quejas públicas, el Gobierno ha permanecido prácticamente en silencio. Las declaraciones oficiales se limitan a mensajes genéricos que prometen mejoras futuras, pero las acciones concretas siguen siendo difíciles de alcanzar. Mientras tanto, las redes sociales están inundadas de videos y publicaciones de pacientes y trabajadores desesperados, que comparten la realidad desde dentro de los hospitales públicos.
El costo político de la inacción aumenta, ya que a medida que se incrementan las protestas de los sindicatos de la salud y las organizaciones de la sociedad civil, los legisladores advierten que no abordar la emergencia sanitaria profundizará la desconfianza en las instituciones. «La atención médica no puede esperar», concluye Jácome. «No se trata de oposición ni de colores políticos; se trata de vida, dignidad y un estado que se ha olvidado de su gente».