El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), anunció la implementación de restricciones drásticas al uso de dispositivos electrónicos personales en sus oficinas, como parte de un nuevo reglamento interno orientado a garantizar la seguridad institucional. Entre los artículos prohibidos se incluyen teléfonos celulares, tablets, laptops, relojes inteligentes, dispositivos de almacenamiento y hasta bolsos y carteras, los cuales deben ser depositados en casilleros designados a la entrada de las instalaciones.
Desde el pasado 26 de mayo, la entidad comenzó a desplegar estas medidas, incluyendo la instalación de 18 canceles con 288 casilleros de seguridad donde los colaboradores deben dejar sus objetos personales antes de ingresar a sus áreas de trabajo. Esta iniciativa surge como respuesta a riesgos de filtración de información pública sensible y como medida de resguardo ante amenazas externas.
La génesis de esta decisión está ligada a incidentes recientes en enero de este año, en donde varios funcionarios de la entidad accedieron a sistemas internos, robaron contraseñas y modificaron 920 contratos estatales, denunciando la fragilidad tecnológica del sistema de contratación pública. La nueva regulación responde también a una exigencia institucional de la Ley de Integridad Pública, que demanda mecanismos de control interno más rigurosos para evitar manipulaciones y proteger datos sensibles.
La implementación del reglamento interno y las medidas de seguridad han generado notable descontento entre los funcionarios del Sercop, que ven afectada su rutina laboral y expresan incomodidad ante la limitación impuesta, especialmente considerando que llevan años aguardando inversiones millonarias para modernizar sus plataformas informáticas.
En comunicación oficial difundida mediante sus redes sociales, el Sercop defendió la adopción de estas medidas como necesarias para blindar el sistema de contratación pública, resguardar los recursos del Estado y asegurar la transparencia en sus procesos. Además, subrayó que el cambio forma parte de una transformación estructural orientada al fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción.
El oficialismo destaca que esta regulación se alinea con los principios de transparencia y prevención de riesgos tecnológicos, aunque su aplicación práctica plantea desafíos logísticos y culturales internos. Algunos funcionarios advierten que la proliferación de dispositivos electrónicos en el entorno laboral requiere un abordaje más equilibrado que no interfiera con la operatividad diaria.
Con estas medidas ya en vigencia este 26 de agosto, el Sercop entra en una fase crítica, en donde deberá demostrar que el control reforzado es compatible con la eficiencia operativa y que, al mismo tempo, fortalece la confianza pública en el sistema de compras estatales.