336 menores de edad fueron asesinados en Ecuador durante los primeros siete meses de 2025, según datos oficiales del Ministerio del Interior, lo que representó un incremento del 51,35 % frente a los 222 homicidios registrados en el mismo período de 2024. La cifra evidencia un crecimiento alarmante de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en el país, un fenómeno que se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de las autoridades y de la sociedad civil. Los homicidios intencionales de menores se insertan dentro de un panorama de criminalidad, ya que en total se contabilizaron 5.268 homicidios contra ciudadanos de diferentes edades durante los primeros siete meses de 2025, lo que refleja un incremento generalizado de la violencia urbana y rural en todo el territorio ecuatoriano.
La mayor parte de las víctimas fueron adolescentes de entre 15 y 17 años, con un total de 268 casos, seguidos por 40 niños de entre 10 y 14 años, 15 niños de entre 3 y 9 años y 13 bebés de entre 0 y 2 años. Esta distribución revela que los jóvenes en edad escolar y preuniversitaria son los más afectados por la violencia armada, ya sea como víctimas colaterales de enfrentamientos entre bandas o como blancos directos de extorsión, reclutamiento forzado o ajustes de cuentas del crimen organizado. Expertos en seguridad señalan que los homicidios de menores están estrechamente vinculados a conflictos territoriales entre grupos delictivos y a la penetración de actividades ilícitas en comunidades vulnerables, lo que genera un ciclo de violencia difícil de romper.
Entre los casos que más conmocionaron al país se encuentran los asesinatos de bebés y niños pequeños en distintos puntos del territorio nacional. El 18 de enero del 2025, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, sicarios mataron a Jesús Adrián Pibaque Toro, de 27 años; a Jimmy Bailón Vera, de 50 años; y al bebé Jimmy Mero Bailón, de apenas cuatro meses. La madre del menor, Fiorela Bailón, relató en redes sociales su profundo dolor, describiendo cómo la violencia truncó los planes de vida de su familia y dejó un vacío irreparable. Casos como este evidencian la vulnerabilidad de los más pequeños frente a la escalada de violencia y el impacto emocional que estos hechos generan en las comunidades afectadas.
Otro episodio ocurrió el 13 de febrero en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, donde una bebé de un año y seis meses y su padrastro de 23 años fueron asesinados por sicarios. De manera similar, en el cantón Sucre, provincia de Manabí, una bebé de 11 meses y su padre, Pablo Ureta, de 34 años, perdieron la vida en un ataque armado. Estos hechos muestran que la violencia no distingue edades y que incluso los miembros más jóvenes de la sociedad se han convertido en víctimas directas de la criminalidad, un patrón que se repite en distintas provincias y que ha generado un clima de miedo generalizado.
Las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Chimborazo figuran entre las más afectadas por este tipo de delitos, con Guayas, y en particular la ciudad de Guayaquil, como epicentro de homicidios infantiles. La concentración de crímenes en estas zonas se relaciona con la presencia de bandas organizadas, la expansión del microtráfico y los conflictos territoriales entre grupos delictivos, que utilizan la violencia como herramienta de control social y económico. Autoridades locales y nacionales han señalado que el recrudecimiento de homicidios de menores refleja también debilidades en los sistemas de prevención y protección infantil.
Frente a esta crisis, el Gobierno ha implementado medidas como el fortalecimiento de la policía comunitaria, la creación de programas de prevención del delito orientados a menores y la implementación de comités interinstitucionales para reducir el reclutamiento de adolescentes por parte de grupos delictivos. Sin embargo, organismos internacionales como UNICEF y la Comisión de Derechos Humanos han advertido que las políticas deben enfocarse no solo en sancionar, sino en proteger a los menores a través de educación, salud mental y fortalecimiento de entornos seguros, enfatizando la importancia de un enfoque integral que aborde las causas estructurales de la violencia.