El Gobierno del presidente Daniel Noboa, adjudicó un nuevo contrato publicitario cercano a $6 millones de dólares para publicitar contenido de interés político, siendo el más destacado con la agencia Mindshare Ecuador. De igual manera, el régimen realizó el pautaje con el objetivo de garantizar la difusión de campañas oficiales entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Este contrato se suma a los anteriores, elevando el gasto total en publicidad estatal a más de $17 millones en los 21 meses de su mandato.
La inversión se distribuye en diversos medios, con un 35% destinado a plataformas digitales y redes sociales, lo que representa $1.75 millones. El resto se reparte entre televisión, radio, medios impresos y publicidad exterior. La Secretaría de Comunicación justificó esta asignación como esencial para mantener una comunicación efectiva con la ciudadanía.
Mindshare Ecuador, parte del grupo Sola & Sola Solacciones, ha sido beneficiaria de contratos similares en el pasado, incluyendo uno por $5 millones adjudicado en mayo de 2025. La empresa matriz, Norlop Thompson Asociados S.A., también ha recibido contratos del Gobierno en años anteriores.
La adjudicación de este nuevo contrato ha generado críticas por parte de sectores opositores, quienes lo consideran una estrategia para fortalecer la imagen del presidente Noboa, de cara a la consulta popular prevista para noviembre del presente año. Desde la oposición, se argumenta que el uso de recursos públicos para fines de propaganda electoral podría vulnerar la normativa electoral vigente.
El Gobierno ha defendido la necesidad de estos contratos como parte de su Plan Estratégico de Comunicación, que busca informar a la ciudadanía sobre acciones gubernamentales y mantener la transparencia en la gestión pública. Sin embargo, la concentración de contratos en un número limitado de agencias ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés y falta de pluralidad en la información difundida.
En medio de la crisis económica que enfrenta el país, con altos niveles de desempleo y recortes en sectores como la salud y la educación, la asignación de recursos a publicidad estatal ha sido objeto de debate. Los críticos señalan que estos fondos podrían haberse destinado a áreas prioritarias para mejorar las condiciones de vida de la población.
Este aumento en el presupuesto publicitario se produce en un contexto electoral tenso, donde las campañas políticas se intensifican y la competencia por la opinión pública se vuelve más estratégica. La oposición exige una mayor fiscalización del uso de recursos públicos y una distribución más equitativa de los contratos publicitarios para garantizar una información imparcial y diversa.
De igual manera, se denuncia la compra de conciencias de periodistas y medios independientes como José Delgado, Emergencias EC, Febres Cordero al día, entre otros. Cabe destacar el caso de Radio La Calle, que históricamente ha sido afín a una línea editorial progresista, pero que cambió de propietario debido a problemas financieros.
Según Mauro Ascázubi Masson, gerente general de Grupo LC S.A.S., la venta de la plataforma y todos sus activos digitales se aprobó de manera unánime en una reunión extraordinaria de accionistas, como una decisión estrictamente económica y estratégica para mantener la estabilidad de la empresa, pero desde el sector progresista ya se ha denunciado que empezaron a cambiar el contenido que se publica en favor de contenidos gubernamentales.