Altos mandos militares y policiales se reunieron el 10 de octubre para definir “la gran planificación” de operativos en Imbabura, epicentro de las movilizaciones convocadas por la Conaie. Mientras tanto, contingentes militares provenientes de Manta y Guayaquil comenzaron a arribar a Quito para reforzar la seguridad, tras la advertencia del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, de “tomarse la capital”. Organismos de derechos humanos expresaron preocupación por los hechos de violencia registrados, que incluyen represión y ataques a la caravana presidencial.
Desde las 14:30, miles de miembros de las Fuerzas Armadas llegaron a Quito por vía aérea, con el objetivo de “precautelar la seguridad del país e infraestructura estratégica durante el paro nacional”. Se prevé que el contingente alcance 7.000 uniformados hasta el 11 de octubre. Otros mil efectivos llegaron a Latacunga para avanzar por tierra hacia la capital. Según las FFAA, “esta acción forma parte del plan operativo nacional destinado a mantener el orden público, prevenir actos de violencia y garantizar la paz y tranquilidad de los ecuatorianos”.
Más de 50 organizaciones de derechos humanos de América firmaron una carta pública alertando sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades frente a las protestas. Entre ellas están FIDH, OMCT, ISHR, Amnistía Internacional y CEJIL, junto a organizaciones locales de 14 países.
La misiva señala que “las protestas surgieron como expresión del descontento ciudadano ante la inseguridad, la crisis económica y la falta de respuesta estatal a demandas sociales legítimas. Sin embargo, la reacción del Estado ha sido marcadamente represiva”. Según la Alianza por los Derechos Humanos, se registran 252 vulneraciones, 124 heridos, una persona fallecida, 101 detenciones arbitrarias y 12 desapariciones forzadas de corta duración. También se denuncian cortes de internet, detenciones masivas, desinformación, bloqueos de cuentas, criminalización de defensores y periodistas, y deportaciones sumarias.
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