Más de 5,000 diligencias han transcurrido durante 13 años, pero el caso del estudiante de Periodismo de la Universidad Central todavía tiene más interrogantes que respuestas.
El caso ha cobrado importancia nuevamente después de que se reabriera, a casi 13 años de la desaparición del estudiante de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, David Romo. La determinación no solo reactiva la búsqueda del joven, sino que también revisita el desempeño de las autoridades que manejaron la investigación en 2013, en medio de críticas por supuestas omisiones, negligencias y potenciales responsabilidades gubernamentales.
Alexandra Córdova, su madre, relata en una entrevista a Ecuavisa.com que ha pasado más de diez años sin conocer lo que sucedió con su hijo David y cómo vivió la desaparición de su hijo entre lágrimas.
Una de las desapariciones más célebres del país comenzó la noche del 16 de mayo de 2013. La última comunicación con su madre, Alexandra Córdova, ocurrió mientras David, de 21 años, regresaba a su casa en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito. El joven informó en esa llamada que estaba en un autobús y que avisaría cuando estuviera cerca para ser recogido. No obstante, también dijo que no podía hablar en voz alta porque «algunas personas que parecían policías» podrían hacerle bajar del autobús. Esa frase se volvió un factor crucial que, de acuerdo con la familia, no fue investigado en las primeras horas con el nivel de profundidad necesario.
Desde entonces, se pusieron en duda las respuestas institucionales. Córdova fue a denunciar la desaparición en esa misma noche, pero no le prestaron atención. Las autoridades le dijeron que tenía que esperar 48 horas antes de presentar la denuncia, un procedimiento que en aquel momento era habitual, pero que actualmente se considera uno de los errores más grandes en el manejo de casos de desaparición. La defensa sostiene que ese retraso fue crucial para la pérdida de información esencial.
La familia, al siguiente día, volvió a insistir en presentar la denuncia; sin embargo, el procedimiento se retrasó de nuevo porque era fin de semana. La búsqueda en el sistema judicial debió esperar desde el 16 de mayo, que era un jueves, hasta el 20 de mayo siguiente, que era un lunes. La madre de David, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, indicó que habían transcurrido 96 horas antes de que comenzara la búsqueda. A pesar de que esa era una de las herramientas más cruciales para localizarlo, las acciones eran urgentes para rastrear el teléfono celular del joven. Según el abogado familiar de la familia, Alex Bonifaz, este aspecto evidencia una de las primeras negligencias serias en el caso.
En ese marco, la responsabilidad de la seguridad interna del país estaba en manos de José Serrano, quien era el ministro del Interior en el gobierno anterior de Rafael Correa. De acuerdo con Córdova, el Ministerio del Interior tenía que asegurar una respuesta eficaz e inmediata, lo cual, según dicen sus palabras, no sucedió.
No obstante, de acuerdo con lo que indica Córdova, José Serrano solicitó el archivo del caso en varias ocasiones, con gran insistencia. Esto, de acuerdo con la madre de David Romo, es algo que todavía le causa incertidumbre, dado que la máxima autoridad del Ministerio del Interior pedía el archivo de un caso que tenía en sus manos para resolver.
El abogado Bonifaz asegura que no se implementaron las herramientas apropiadas de búsqueda en las horas iniciales, ni se dio prioridad a la geolocalización del teléfono celular del chico. La última ruta que habría seguido el autobús en el que él viajaba tampoco fue objeto de un seguimiento a tiempo. Según el defensor, estas omisiones guiaron una investigación que se apartó de los aspectos más importantes desde sus comienzos.
La familia consideró que la investigación tomó caminos que desviaron el caso con el transcurrir de los días. Sin que ninguna de ellas produjera resultados específicos, se plantearon múltiples hipótesis, entre las que se incluyen la trata de personas, el robo y la asociación ilícita. No obstante, el aspecto que más polémica provocó fue la conexión entre la desaparición y una presunta clínica clandestina.
Según esa hipótesis, David habría sido mantenido en ese sitio, donde luego habría sido asesinado e incinerado. Las autoridades promovieron esta versión durante años. En el lugar indicado, se llevaron a cabo excavaciones, peritajes y operaciones. Sin embargo, nunca se hallaron restos humanos ni pruebas definitivas que respalden esta teoría.
Para la defensa, esta línea de investigación no solo carecía de fundamento, sino que además ocupó recursos y tiempo que se podrían haber utilizado en otras diligencias. Además, afirman que se basó en testimonios inconsistentes y sin soporte técnico. La Corte Provincial, al revisar el caso, declaró la nulidad de varias actuaciones relacionadas con esta hipótesis, lo que evidenció irregularidades en el proceso.
La madre contó que la llevaron al sitio donde supuestamente sucedieron los hechos durante una reconstrucción de los mismos. En ese lugar, desollaron un cerdo delante de ella y quemaron los restos con sopletes. Ella consideró eso como una acción horrible e impactante en comparación con lo que le habría pasado a su hijo David.
La manera en que se gestionó la información pública del caso es otro de los aspectos discutibles. A lo largo de la investigación, aparecieron versiones que buscaban relacionar a David con el uso de sustancias o con ambientes peligrosos. Según su madre, estas declaraciones eran parte de una táctica para desviar la atención y culpar a la víctima. Piensa que estas versiones han tenido un impacto negativo en la percepción pública del caso y han debilitado la búsqueda.
Asimismo, se propagaron varias presuntas apariciones de David en distintas localidades del país y hasta en otros países. Ninguno fue verificado. De acuerdo con la familia, estas pistas falsas causaron un desgaste emocional y desviaron recursos de investigación.
A esta altura, el papel de las autoridades de ese tiempo se pone nuevamente en duda. La familia sostiene que, bajo el mando de Serrano, el Ministerio del Interior tenía que controlar las acciones de la Policía Nacional y asegurar una investigación eficaz. No obstante, afirman que no hubo un seguimiento y control adecuados en el caso.
Bonifaz, el abogado, indica que también hubo anomalías en el comportamiento de los fiscales y los funcionarios que investigaron. Como él lo explica, se registraron descuidos en la recolección de pruebas, pérdida de información y decisiones que no cumplieron con los estándares apropiados para un caso de desaparición. Estos factores, sostiene, tienen que ser examinados ahora que se vuelve a abrir el proceso.
Un comienzo renovado en la investigación
La familia se opuso cuando el caso fue archivado en mayo de 2025. La Fiscalía Provincial, después, revocó esa decisión y dispuso que el proceso se reabriera, admitiendo que todavía hay diligencias por hacer y líneas de investigación sin terminar.
La reapertura requiere un nuevo estudio del expediente, que tiene miles de fojas y más de 5 000 diligencias. La fiscal nueva deberá examinar las acciones previas, detectar posibles fallos y establecer nuevas tácticas para progresar en la investigación.
Según Alexandra Córdova, esta circunstancia es una oportunidad para rectificar los errores del pasado. Reitera que su meta principal es hallar a su hijo, pero también que se definan responsabilidades. «Se ha señalado que hubo negligencia aquí», en alusión a cómo actuaron las autoridades.
La revisión de las deficiencias estructurales en la investigación es uno de los aspectos fundamentales con la reapertura del caso. Según su madre, el caso de David Romo no es un hecho aislado, sino una representación de un sistema que en ese momento no tenía procedimientos apropiados para abordar las desapariciones.
No había una política clara de búsqueda inmediata en 2013. El requisito de esperar 48 horas antes de presentar una denuncia alargaba el tiempo para activar los mecanismos de localización. El abogado que representa a David dijo que este procedimiento tuvo un impacto directo en su caso, aunque luego fue eliminado.
Asimismo, señala que no se utilizaron las herramientas tecnológicas existentes en ese momento, como el rastreo a tiempo real de aparatos móviles o la evaluación de antenas telefónicas. Desde la perspectiva de la defensa, estas acciones tenían que ser prioritarias, dado que había una llamada reciente que podía ser utilizada como punto de partida.
En este marco, la función del Ministerio del Interior adquiere importancia. Según Córdova, esa cartera de Estado tenía la obligación de supervisar el trabajo de la Policía Nacional y coordinar las actividades relacionadas con la seguridad. Afirma que, para la familia, esa supervisión no fue suficiente. La ausencia de resultados, junto con los errores que se han encontrado durante el proceso, ha hecho que se considere la posibilidad de asumir responsabilidades administrativas e incluso penales en contra de los funcionarios que intervinieron en la investigación.
Cada año se da un incremento en los casos de personas que han desaparecido.
El caso de David Romo tuvo también un efecto importante en la sociedad de Ecuador. Con el tiempo, se transformó en un emblema de la exigencia de justicia por parte de las familias y de la lucha contra las desapariciones. En el año 2025, se registraron 7,459 personas desaparecidas; de ellas, 854 no fueron halladas.
El proceso ha recibido el apoyo de agrupaciones colectivas y organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos. Han llevado a cabo manifestaciones, plantones y campañas con el propósito de mantener el caso en la agenda pública. Su propósito ha sido evitar que la desaparición de David sea olvidada.
Los cambios institucionales también fueron influenciados por esta presión social. Con el paso del tiempo, se establecieron protocolos de búsqueda instantánea y se fundaron equipos especializados en desapariciones. No obstante, estos avances llegaron tarde para la familia.
La familia llevó el caso a organismos internacionales de derechos humanos debido a la ausencia de respuestas en el país. El propósito de este procedimiento es que el comportamiento del Estado ecuatoriano en la investigación sea evaluado. La defensa afirma que se han violado derechos esenciales, como el acceso a la justicia, la reparación y la verdad.
Una búsqueda interminable
La historia de David Romo sigue sin resolverse, a casi 13 años de su desaparición. Su familia sigue buscándolo y pide que se le brinde una respuesta concreta sobre lo que pasó la noche del 16 de mayo de 2013.
Reabrir el caso supone una nueva oportunidad, pero también un desafío. Supone revisar años de investigación, rectificar fallos y establecer potenciales responsabilidades. Su madre, según indicó, afirmó que el tiempo no ha modificado el objetivo: la búsqueda sigue siendo tan intensa como en el primer día.
David Romo sigue desaparecido. Su caso continúa sin resolverse. Según su madre, la ausencia se mantiene como un recordatorio de una deuda pendiente del Estado ecuatoriano y no se borra con el paso de los años. La investigación se reinicia, las preguntas continúan y la demanda de justicia y verdad sigue siendo relevante.