La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), accedió a la solicitud de medidas de protección para el exvicepresidente Jorge Glas, y ordenó al Estado ecuatoriano garantizar su vida y salud en prisión, luego de que su defensa argumentara que enfrenta un riesgo elevado para su salud.
Según la Comisión, esta decisión se basa en la presunción de un grave riesgo para la salud, que requiere intervención médica urgente y atención adecuada dentro del centro de detención. Sin embargo, la CIDH no ordenó arresto domiciliario.
La defensa de Glas celebró la orden como un paso importante para la protección de los derechos de su cliente, señalando que los organismos internacionales consideran la situación crítica, mientras que las autoridades judiciales y sanitarias ahora deben especificar cómo piensan implementar las garantías solicitadas.
El equipo de defensa de Glas celebró la orden como un paso importante para la protección de los derechos de su cliente, señalando que los organismos internacionales consideran la situación crítica, mientras que las autoridades judiciales y sanitarias ahora deben demostrar cómo piensan implementar las garantías solicitadas.
Fuentes estatales y representantes gubernamentales señalaron que existe responsabilidad nacional para garantizar condiciones carcelarias humanas, pero enfatizaron que las decisiones judiciales y los procedimientos nacionales siguen definiendo el marco jurídico y que cualquier interpretación diferente por parte de organismos internacionales debe ser examinada con detenimiento.
Organizaciones de derechos humanos y observadores ya instaron a ambas partes a cooperar, con lo que la Comisión Internacional de Detención (CID) espera medidas rápidas y transparentes para la atención médica, y grupos de la sociedad civil exigen una supervisión independiente para garantizar que las medidas de protección obligatorias se implementen formalmente, y en la práctica.
La decisión de la CIDH generó diversas reacciones en el debate público, debido a que los defensores consideran que la supervisión internacional es necesaria para defender los derechos humanos en los centros de detención, los opositores criticaron la injerencia en asuntos penitenciarios nacionales y exigieron claridad sobre las medidas específicas que ahora se requieren.