Ecuador enfrenta una nueva tragedia tras otra brutal masacre carcelaria ocurrida este domingo 9 de noviembre en el Centro de Rehabilitación Social Machala, en la provincia de El Oro. Informes oficiales confirman el hallazgo de al menos 27 reclusos muertos por la tarde, que se suman a los cuatro fallecidos durante un motín anterior, elevando el total de muertos a 31 en menos de 24 horas. Este suceso constituye uno de los episodios de violencia carcelaria más sangrientos registrados este año bajo la administración del presidente Daniel Noboa.
Según información preliminar del Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de Libertad (SNAI), los disturbios comenzaron en la madrugada cuando grupos rivales se enfrentaron dentro del centro penitenciario. La confrontación, al parecer, estalló en medio de tensiones por el reciente traslado de reclusos de alta peligrosidad al nuevo complejo de máxima seguridad en Santa Elena. Las autoridades indicaron que la operación buscaba reorganizar el control penitenciario, pero aparentemente desencadenó una ola de represalias entre las pandillas que luchan por el control dentro de la prisión de Machala.
Unidades policiales y militares se desplegaron en el lugar de los hechos a primera hora de la mañana para recuperar el control. Tras varias horas de tiroteos y explosiones dentro del penal, las fuerzas de seguridad lograron entrar y realizaron una inspección celda por celda. Por la tarde, las autoridades confirmaron el hallazgo de decenas de cadáveres, muchos con heridas de bala y arma blanca. Las terribles imágenes que circulaban en las redes sociales provocaron indignación y temor en todo el país, mientras que los familiares de los reclusos se congregaron frente al penal exigiendo respuestas y la publicación de las listas oficiales de fallecidos.
Las autoridades sanitarias informaron que al menos 34 personas resultaron heridas en los enfrentamientos, entre ellas un policía que quedó atrapado en el fuego cruzado mientras intentaba asegurar uno de los pabellones. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos bajo estrictas medidas de seguridad. A pesar de la magnitud de la tragedia, hasta la noche del domingo no se había emitido ningún comunicado oficial del presidente Noboa ni del Ministerio de Gobierno, lo que intensifica las críticas a la gestión de la crisis penitenciaria por parte del Gobierno.
Testigos y residentes locales informaron haber escuchado disparos y explosiones provenientes del exterior del penal durante varias horas. Videos grabados por reclusos y compartidos en línea mostraron escenas caóticas en el interior de la prisión, con humo denso, gritos y aparentes ejecuciones. Las Fuerzas Armadas permanecieron en alerta en toda la provincia, mientras que se establecieron retenes temporales para prevenir posibles fugas o ataques externos. El ambiente en Machala se describió como tenso, con una presencia militar visible y una creciente inquietud entre la población.
En un inquietante suceso paralelo, la policía de Machala también informó del hallazgo de un cuerpo desmembrado dentro de bolsas de plástico negras en una calle de la ciudad, un incidente que las autoridades aún no han confirmado como vinculado a la violencia en la prisión. Sin embargo, la proximidad temporal y geográfica ha alimentado la especulación de que grupos del crimen organizado están utilizando tácticas terroristas para demostrar su poder más allá de los muros de la cárcel.
Esta última masacre expone una vez más la fragilidad del sistema penitenciario ecuatoriano, que ha sufrido repetidos brotes de violencia desde 2021. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por militarizar las cárceles y trasladar a los reclusos a centros de alta seguridad, los problemas estructurales, el hacinamiento, la corrupción y el control de las pandilla, siguen sin resolverse.
