La minería ilegal dejó de ser un hecho que se encontraba al margen y pasó a transformarse en una de las principales amenazas para el territorio ecuatoriano, generando impactos en varias provincias. Ante esta situación, las operaciones del Bloque de Seguridad marcaron un 2025 con intervenciones constantes, según informó el Ministerio de Defensa el 20 de noviembre de 2025.
Las acciones llevadas a cabo este año causaron una afectación superior a los 2.000 millones de dólares a las finanzas de estas redes, una cifra que triplica lo logrado en 2024, cuando el impacto alcanzó alrededor de USD 555 millones, de acuerdo con datos del Ministerio de Defensa.
Entre la maquinaria neutralizada figuran 41 dragas y 360 retroexcavadoras. Además, se identificaron y cerraron 1.344 bocaminas que funcionaban como piezas claves en la extracción ilegal y su financiamiento criminal.
Los operativos con mayor peso sustancial se ejecutaron en zonas donde las mafias habían consolidado su presencia en años previos. En Buenos Aires, Imbabura, el desmantelamiento de campamentos alteró el control territorial y detuvo la explotación a gran escala.
En Azuay, la acción en La Chonta significó uno de los golpes más fuertes contra las estructuras del sur. En Carchi, el objetivo principal fue frenar nuevos asentamientos y bloquear rutas que comenzaban a usarse como corredores para transportar material aurífero. También se desarrollaron intervenciones en provincias donde la minería ilegal intentaba extenderse: Orellana, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Sucumbíos, Napo y Bolívar.
Finalmente, en El Oro las operaciones permitieron interrumpir vínculos entre extracción ilícita, contrabando fronterizo y lavado de activos. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto, general Henry Delgado Salvador, lideran los despliegues en las provincias con mayor presión de minería ilegal.