La audiencia de calificación de detención y formulación de cargos celebrada en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se prolongó por más de seis horas y concluyó con la decisión de imponer medidas cautelares a la excomandante general Tannya Varela, al excapitán Rodney R. y al coronel José Luis E. Los tres quedaron vinculados a un proceso penal por la presunta divulgación de información reservada relacionada con el caso denominado “León de Troya”. La jueza María de los Ángeles Montalvo resolvió que los procesados deberán presentarse semanalmente ante la Fiscalía y no podrán salir del país mientras dure la instrucción fiscal, que tendrá una duración de 90 días y concluirá en marzo de 2026.
Las detenciones se produjeron un día antes, en Quito y Manta, durante cinco allanamientos simultáneos. Según la Fiscalía, los implicados habrían participado en la filtración de un informe judicial reservado de 2021, vinculado a una investigación por narcotráfico. Dicho documento, que debía permanecer bajo estricta reserva, habría circulado fuera de los canales institucionales, configurando el delito de difusión de información de circulación restringida. La fiscal provincial Mayra Soria sostuvo que la divulgación afectó la administración de justicia y expuso a operadores judiciales y policiales que participaron en la investigación.
La investigación identifica tres episodios de difusión. El primero ocurrió en julio de 2021, cuando Varela y Erazo habrían entregado información reservada directamente al entonces presidente Guillermo Lasso en Carondelet. El segundo se registró en febrero de 2023, cuando el excapitán Rodney R. habría compartido datos sensibles mediante mensajería instantánea, presuntamente con un periodista. El tercero se dio al día siguiente, cuando el medio digital La Posta difundió públicamente parte de esa información en redes sociales, ampliando su alcance y vulnerando la reserva judicial.
La jueza Montalvo rechazó la solicitud de prisión preventiva planteada por la Fiscalía, argumentando que no se presentaron fundamentos suficientes para justificar esa medida. En su lugar, dispuso restricciones de movilidad y presentaciones periódicas, con el fin de garantizar que los procesados no interfieran en el desarrollo de la investigación. La magistrada también recordó que la causa se enmarca en una investigación previa iniciada en mayo de 2021 por tráfico de drogas, archivada en marzo de 2022 bajo la condición de mantener absoluta reserva sobre todo el material recopilado.
Con estas disposiciones, la justicia ecuatoriana abre un proceso que busca esclarecer cómo información clasificada de una investigación penal terminó siendo difundida en distintos espacios, comprometiendo la seguridad institucional y la reserva judicial. El caso “León de Troya” se convierte así en un nuevo capítulo de debate sobre la responsabilidad de altos mandos y agentes en el manejo de información sensible, y sobre los límites entre la transparencia y la protección de procesos judiciales en curso.
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