Al Gobierno de Daniel Noboa y a su bancada les tomó cerca de tres semanas reaccionar frente al escándalo que involucra a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. La presión mediática dejó inmovilizado al oficialismo, que apenas logró convocar a una sesión extraordinaria en el primer día hábil de 2026 para que Godoy expusiera lo que considerara en el Pleno de la Asamblea.
Mientras eso ocurría, la oposición se mantuvo activa y presentó un juicio político contra Godoy. La iniciativa fue impulsada por los asambleístas Viviana Veloz, Franklin Samaniego, Liliana Durán, Xavier Lasso y Raúl Chávez; todos de RC, salvo el último que pertenece a Reto. Ante la inacción oficialista, la oposición avanzó, apoyada también por un giro de la prensa hegemónica que, en este caso, retiró su respaldo al Gobierno.
Como consecuencia de ello y de la presión ciudadana, ADN se dividió en dos grupos: uno a favor del juicio y otro en contra. Al oficialismo no le quedó alternativa distinta a permitir que avance el proceso, el primero de esta legislatura. Esta semana, finalmente, ADN salió de su letargo y pasó al ataque con dos objetivos definidos: Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, y los legisladores de la RC. El alcalde fue convocado a rendir versión en Quito dentro de un segundo proceso penal en su contra (el primero es el caso Triple A) por presunto lavado de activos.
Posteriormente, la Fiscalía allanó la agencia Rompecabezas, proveedora de servicios de comunicación del Municipio de Guayaquil. Su propietaria y asesora en comunicación de Alvarez, Catrina Tala, decidió romper el silencio y denunció un hostigamiento de más de un año, además de que su empresa está intervenida por la Superintendencia de Compañías. Señaló que ya ha tenido más de tres interventores sin que se detecten irregularidades.
De forma paralela, el oficialismo reactivó la narrativa sobre un supuesto consumo de agua contaminada en Guayaquil. Este argumento fue lanzado por el propio Noboa en noviembre del año pasado, en la antesala de la consulta popular que luego perdió. El relato, acompañado incluso de un tuit, afirmaba que los guayaquileños bebían agua con caca. A Alvarez le bastaron menos de 24 horas para desmontar esa versión.
Ante ello, a Inés Manzano, ministra de Energía y Ambiente, no le quedó otra opción que “reducir” la denuncia. Modificó el discurso y afirmó que Interagua descarga aguas servidas al río Guayas, cuyo afluente es el Daule, de donde la ciudad obtiene el agua que consume.
Ese argumento incluso fue usado para amenazar a Alvarez con la cárcel. Con el escenario montado, el asambleísta de ADN y representante de Guayas, Álex Morán, presentó el 8 de noviembre una moción de cambio del orden del día. Propuso iniciar un proceso de fiscalización al agua de Guayaquil, Quito y Cuenca. La propuesta fue aprobada, pero nunca se trató porque el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión. Así, el tema quedó congelado. Posteriormente, Olsen retomó la iniciativa y la Asamblea debatirá la “fiscalización” este jueves 21 de enero.
El Gobierno percibe a Alvarez como un rival fuerte de Godoy. Este último ha hecho todo lo posible para que avance el caso Triple A. Incluso designó como fiscal general del Estado al mismo agente que ha solicitado en dos ocasiones su encarcelamiento.
El otro frente de ataque es el Legislativo. Allí, el Gobierno señaló a dos figuras: Juan Andrés González, coordinador de la bancada de RC, y Mónica Palacios, asambleísta de la misma bancada.
González enfrenta dos demandas por calumnia. La primera fue presentada por Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea y excoordinadora de la bancada oficialista. La segunda fue interpuesta por Janina Rizo, asambleísta de ADN por Guayas. Ambas acciones se originan en una rueda de prensa ofrecida por González en diciembre pasado, en la que afirmó que la explosión de una bomba en la Bahía de Guayaquil fue planificada por el Gobierno.
La Asamblea debía debatir el martes 20 de enero si levantaba la inmunidad parlamentaria de González en ambos casos. Sin embargo, Olsen suspendió la sesión sin que se abordara ese punto.
Además, Mancheno presentó otra denuncia por calumnia, esta vez contra Mónica Palacios, una de las asambleístas más acosadas en esta legislatura. El CAL la suspendió el año pasado por mencionar el vínculo entre la primera dama, Lavinia Valvonesi, y Dundee Precious Metal, la empresa que iba a explotar Quimsacocha, en Azuay.
La suspensión se dio pese a que Palacios acababa de dar a luz. Ella presentó una acción de protección que ganó. Luego regresó para revelar el escándalo de La Libertad, cuando identificó nexos entre la madre de la supuesta testaferro en la compra de propiedades en ese cantón de Santa Elena y Cynthia Gelibert, secretaria de la Administración. Posteriormente viajó a Riobamba, ciudad natal de Mancheno, donde en una rueda de prensa denunció los vínculos de esta con Godoy. El oficialismo incluso envió agitadores a ese acto.
Finalmente, el oficialismo intenta retomar la iniciativa. Tras la derrota en la consulta, solo ha acumulado escándalos. Estas figuras políticas han denunciado persecución por parte del Gobierno, con el objetivo de que cesen el caos mediático generado y las dificultades que atraviesa el país.
Fuente: MESA SERVIDA (sitio web)