Por medio de diferentes redes sociales, la Revolución Ciudadana comunicó que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) intentaría suprimir a dicha agrupación del padrón de entidades políticas. El motivo radicaría en una supuesta inconsistencia dentro del reporte de egresos de la contienda electoral adelantada de 2023.
La exclusión de una organización de este listado impide su intervención en procesos democráticos, siendo los comicios seccionales de 2027 el evento próximo.
Legisladores como Noemí Cabrera y Roque Ordóñez, junto al expresidente Rafael Correa, difundieron un presunto fallo del TCE. El texto menciona la anulación de la RC y la inhabilitación de derechos ciudadanos para Luisa González y Andrés Arauz, integrantes de la fórmula presidencial en 2023.
No obstante, el área de comunicación del TCE desmintió la validez del material citado por los referidos actores políticos.
Mónica Jaramillo, especialista en derecho electoral, advirtió que “el tipo de letra (que se muestra en esa supuesta sentencia) no coincide con el utilizado por el juez de instancia en sus autos y sentencias”. Bajo su criterio, los datos de dicho papel han “sido totalmente alterado y (…) se presenta bajo una narrativa de victimización”.
Finalmente, el medio de información Ecuavisa pidió aclaraciones a las asambleístas Viviana Veloz y Noemí Cabrera. Veloz afirmó que “no” poseía detalles adicionales, limitándose a lo difundido en internet. Por su parte, Cabrera no emitió declaraciones hasta la difusión del reporte.