Tras la aprobación de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Otros Delitos, un año y medio después el Gobierno expidió su reglamento. El texto, compuesto por 85 artículos y siete disposiciones generales, tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de control para identificar operaciones financieras ilícitas.
Entre los aspectos principales consta la conformación del Consejo Nacional de Coordinación de Lavado de Activos (CONCLAFT), integrado por un delegado del presidente de la República, quien ejercerá la dirección de este organismo. El CONCLAFT tendrá a su cargo la articulación de acciones orientadas a prevenir, detectar y enfrentar el lavado de activos.
La normativa autoriza también la inmovilización de recursos provenientes de transacciones sospechosas por un plazo de hasta 72 horas. Esta medida cautelar puede ser ordenada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y debe cumplirse de manera excepcional e inmediata dentro del sistema financiero nacional, mientras se activan los procedimientos judiciales correspondientes.
Asimismo, se prohíbe el uso de efectivo en operaciones iguales o superiores a USD 10 mil y se implementan controles más rigurosos sobre los movimientos financieros de personas políticamente expuestas.
Finalmente, las instituciones bancarias, cooperativas y demás entidades del sistema financiero continúan obligadas a aplicar mecanismos de control interno y a reportar cualquier irregularidad a la UAFE.