Las últimas decisiones del Gobierno y de la Asamblea Nacional, específicamente del Bloque de ADN, hicieron eco en varias organizaciones sociales del país quienes ya convocaron a una gran movilización nacional para el viernes 13 de marzo de este año, en Quito.
Las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que aprobó el legislativo la semana anterior, al igual que el Acuerdo Ministerial MDT-2026-046, que regula la autorización de turnos y horarios especiales y fija nuevas reglas para la distribución de la jornada laboral, suscrito por el ministro de Trabajo, Harold Burbano; y el proyecto de ley de minería, son solo tres de los temas en discordia por los cuales se anunció la marcha nacional.
El representante de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc), Marcelo Ushiña, manifestó que la movilización del 13 de marzo próximo es en defensa de los territorios frente a la reforma al Cootad, que recorta recursos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
«No es un ajuste técnico: es un retroceso que afecta a comunidades y productores», mencionó.
Mientras que el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) también se unirá a la movilización en rechazo a las leyes económicas urgentes que aprueba la Asamblea y al Acuerdo Ministerial 046.
«El Gobierno no puede seguir aprobando leyes que vulneran derechos», enfatizó José Villavicencio, presidente de la UGTE.
Por su parte, la Unión Nacional de Educadores (UNE), junto a otras organizaciones sociales, también anunciaron su participación en la marcha nacional.
“Esta jornada de protesta busca abrir una nueva fase de movilizaciones ciudadanas ante lo que los gremios consideran una norma que limita recursos y afecta el funcionamiento de servicios públicos municipales y provinciales”, mencionó la UNE.
Además, dijo que el llamado a la marcha incluye a trabajadores, mujeres, estudiantes, organizaciones indígenas y campesinas, quienes exigirán seguridad, estabilidad laboral y otras reivindicaciones.
La UNE también anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional una vez que la reforma sea publicada en el Registro Oficial, por considerar que vulnera derechos y la autonomía local.
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