Un juez perteneciente al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dictaminó inicialmente que Ivonne Núñez, quien se desempeñaba como ministra de Trabajo, sea privada de sus facultades políticas por un lapso de tres meses, además de costear una sanción económica de 30 salarios básicos unificados (SBU). El veredicto emitido por el juez Patricio Maldonado surgió a raíz de la acusación interpuesta por Mónica Loza Torres, viceprefecta de Chimborazo, debido a la supuesta comisión de una falta electoral de carácter grave.
De acuerdo con la demanda, Núñez omitió registrar y aplicar oportunamente la inhabilitación de derechos políticos dictada contra el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, quien recibió dicho castigo por promover el sufragio en el periodo de campaña electoral de 2025. Los documentos del caso indican que desde el Ministerio de Trabajo se otorgaron constancias opuestas respecto a la restricción de Tayupanda para ocupar cargos estatales, aun cuando la penalización electoral poseía plena validez.
El administrador de justicia del TCE concluyó que tal comportamiento representó un incumplimiento de sentencia y desacato a la autoridad electoral, bajo lo estipulado en el artículo 279 del Código de la Democracia. La gestión de Núñez en la referida cartera ministerial comprendió el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 17 de noviembre de 2025.
Maldonado rechazó las justificaciones de los abogados defensores relacionadas con un «error del sistema informático» o equivocaciones de personal de menor rango, bajo la premisa de que la máxima autoridad poseía la potestad de mando para subsanar esas contradicciones de forma inmediata.
Finalmente, el reporte del fallo se remitió al Ministerio de Trabajo con el fin de asentar la suspensión de las garantías de participación de Núñez. Cabe recordar que la oposición (Revolución Ciudadana) pretendieron removerla previamente mediante un juicio político en la Asamblea por motivos distintos. Sin embargo, por ser una resolución de primera instancia, la exfuncionaria conserva el derecho de presentar un recurso de apelación ante el Pleno del TCE.