El concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado tuvo el martes 14 de abril un nuevo episodio que acrecienta más su polémico proceso y falta de transparencia a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
En esta ocasión, fue el exministro de Gobierno y postulante a dicho concurso, José De La Gasca, quien presentó una denuncia formal ante el Cpccs en contra del coordinador de la veeduría ciudadana, Guido Egas.
En su requerimiento, De la Gasca al Consejo de Participación la separación inmediata de Egas de su cargo.
El lunes 13 de abril, Egas denunció públicamente que el postulante número 168, a quien calificó como el “apadrinado del Gobierno”, fue admitido en el concurso para Fiscal General pese a no cumplir con los diez años de experiencia requeridos ni presentar documentos obligatorios sobre vinculación política.
Tras ello, De La Gasca indicó que dichas afirmaciones constituyen una extralimitación de funciones y un abuso de sus capacidades como veedor.
El exministro no solo dijo que Egas rompió los principios de imparcialidad y objetividad que rigen el proceso, sino que, además, rechazó las aseveraciones del veedor sobre un presunto incumplimiento de los diez años de experiencia profesional requeridos por ley.
“Yo no voy a renunciar de mi derecho a participar y a postular al concurso de Fiscal General del Estado”, enfatizó el exministro, tras acotar que “los veedores están ahí para ver, no para ser jueces y partes”.
En la denuncia de De La Gasca, se enfatiza que la conducta de Egas habría vulnerado el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución y que el veedor habría incurrido en contravenciones específicas al Reglamento de Veedurías, por ejemplo, interferir en el desarrollo de las actividades del pleno del Cpccs o de la Comisión Ciudadana de Selección, así como divulgar información falsa o incompleta que afecte la imagen de los postulantes o la integridad del proceso de selección.
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