El Consejo de la Judicatura (CJ) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen presuntas irregularidades graves en la gestión de expedientes disciplinarios.
Indicó que el objetivo es investiga la existencia de funcionarios que presuntamente estarían exigiendo pagos a jueces y fiscales a cambio de manipular informes disciplinarios sobre declaratorias jurisdiccionales, dolo, negligencia o error inexcusable.
“Estas acciones podrían configurar delitos de concusión y tráfico de influencias (Art. 281 y 285 del COIP)”, mencionó la entidad, tras acotar que prestarán todas las facilidades a la Fiscalía para desarticular cualquier estructura que pretenda corromper el servicio judicial.
Tras ello, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, mencionó que ella está dispuesta a luchar contra las mafias y la corrupción.
Manifestó que conoció de cerca casos de connotación nacional relacionados con corrupción judicial y también ha enfrentado persecución por cumplir con su deber.
“Depurar, sanear, renovar y devolver prestigio al Consejo de la Judicatura está entre mis prioridades. No considero que todo esté contaminado ni que todo esté perdido. Creo en las instituciones y en la posibilidad de reconstruirlas con firmeza, responsabilidad y visión de Estado”, señaló Caicedo.
Acotó que para transformar un sistema judicial no basta la estridencia; se requiere eficacia, inteligencia y determinación.
“Actuaré dentro de los límites que impone la ley, pero guiada siempre por la ética que exige la función pública. Lo expresé en mi plan de trabajo y lo ejecutaré sin tregua”, enfatizó.
Sobre dichas declaraciones de Caicedo, el excandidato presidencial Andrés Arauz mencionó que si está dispuesta a luchar contra las mafias y la corrupción, la primera decisión que debió tomar es “derogar el nombramiento corrupto, mafioso, ilegal e ilegítimo del fiscal de facto Carlos Alarcón que hizo la Judicatura de Godoy, el cual no estaba entre los mejores evaluados.
“No cabía ni para subrogante ni para encargado. El Consejo de la Judicatura violó el pronunciamiento vinculante del Procurador, los precedentes del caso Baca-Moreno, las normas propias de C Judicatura, el COFJ y el sentido común”, indicó.
Foto Cortesía