El 20 de mayo de 2026, la entonces ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, promulgó el Acuerdo Ministerial Nro. MAE-MAE-2026-0047-AM, una decisión que inicia la reapertura progresiva del Catastro Minero Nacional, lo que ha generado preocupación por su intervención en el recién establecido Bosque Protector «Cerro Azul», en la provincia de Guayas.
La resolución encomienda a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) la tarea de emitir actos administrativos para registrar y conceder nuevas licencias de pequeña minería para materiales áridos y pétreos.
Este proceso no es a nivel nacional desde el principio; se enfoca en un «plan piloto» que abarca el corredor Guayaquil-Daule-Samborondón.
De acuerdo con los informes técnicos que respaldan esta decisión, hay una «demanda estructural constante de materiales de construcción» como resultado de la transición demográfica que el país experimentará entre 2024 y 2045.
El gobierno defiende esta acción indicando que la clausura del catastro minero desde 2018 ha causado una «desalineación progresiva entre la demanda efectiva del sector y la capacidad del sistema regulado para atender esa demanda».
Cerro Azul, bajo scrutinio
La controversia principal se centra en la gestión del Cerro Azul, un área verde de 820 hectáreas al norte de Guayaquil.
El 6 de marzo de 2026, el Gobierno Nacional lo declaró protegido, clasificándolo como Bosque y Vegetación Protector, para evitar la fragmentación del «ecosistema y salvaguardar las fuentes hídricas».
En ese momento, la ministra Manzano declaró: “proteger su biodiversidad no solo es un compromiso ambiental, sino una estrategia clave para fomentar el desarrollo sostenible”.
No obstante, el Acuerdo 0047-AM, emitido solamente 53 días después, parece ir en contra de la intención de conservación del mismo Gobierno.
En su artículo 3 y en la disposición transitoria segunda, la resolución instruye al Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) a realizar estudios en un plazo de 60 días para establecer la “Cota Máxima de Explotación y el límite vertical de explotación de materiales áridos y pétreos” dentro del Bosque Protector Cerro Azul.
Esta posibilidad de llevar a cabo actividades mineras en un área protegida ha suscitado críticas.
Informes técnicos internos del Ministerio (MAE-DB-2026-034-IT) señalan que el área mantiene el 84% de su cobertura natural y que el 74,42% de su superficie es de “Importancia Hídrica Muy Alta”, lo que demanda un “enfoque muy precautorio”.
Cerro Azul desempeña un papel fundamental. Actúa como un corredor ecológico que conecta con otros bosques protectores de la región, especialmente el Cerro Blanco, así como con los cerros Prosperina, Papagayo y Cerro Paraíso.
Además, es hogar de diversas especies de flora como ceibos, guayacanes y maderos negros, y una fauna representativa que incluye perezosos, tigrillos, armadillos y más de 300 tipos de aves.
Contexto
La reapertura del catastro enfrenta cuestionamientos no solo por su posible impacto ambiental, sino también por la claridad del proceso.
Este sistema estuvo cerrado durante siete años a causa de irregularidades detectadas en 2018. La administración actual ha tratado de reabrirlo como parte de los objetivos establecidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aumentar los ingresos tributarios.
Sin embargo, el proceso para esta reapertura se facilitó gracias a un contrato para un nuevo sistema de gestión minera (034-2023) con la consultora Pacific Geotech Systems Ltd. , el cual, de acuerdo a información del sector minero, fue firmado «de manera apresurada, sin asegurar su cumplimiento y sin el informe de viabilidad de la Contraloría» en las últimas etapas del gobierno de Guillermo Lasso.
A pesar de que el gobierno de Daniel Noboa reconoció inicialmente estas irregularidades, el contrato continuó tras una mediación.
Responsabilidades y riesgos
La decisión transfiere al IIGE la responsabilidad técnica de determinar cuánto se puede extraer del Cerro Azul sin poner en peligro la «estabilidad física del terreno». No obstante, el informe de la Dirección de Bosques es contundente: la reducción de la cobertura vegetal en esa área puede aumentar la escorrentía, la sedimentación y ocasionar problemas aguas abajo en eventos como el fenómeno de El Niño.
Mientras grupos ciudadanos como «Vía a la Costa Progresa» exigen el fin de las explosiones diarias y el polvo que afecta su salud, el gobierno busca impulsar el sector extractivo.
De este modo, surge la interrogante: ¿Es viable conciliar la minería de canteras con un bosque que ha sido declarado como protector? Solo el tiempo lo confirmará.