Durante la primera discusión de la ley destinada a evitar el reclutamiento de niños por grupos delictivos, los legisladores cuestionaron la insuficiencia de fondos, el enfoque sancionador y el desplazamiento de responsabilidades hacia los gobiernos locales.
Este 27 de mayo de 2026, la Asamblea Nacional realizó la primera sesión sobre el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, una iniciativa gubernamental que pretende detener la incorporación de menores en organizaciones criminales.
A pesar de que hay un acuerdo general sobre la necesidad urgente de proteger a los niños, la discusión se caracterizó por severos cuestionamientos sobre:
. La insuficiencia de presupuesto
. El desplazamiento de competencias hacia los municipios
. El enfoque represivo de la normativa.
El aumento de penas en la mira
La propuesta principal de la reforma consiste en aumentar las penas, llegando a un máximo de 26 años de cárcel por reclutamiento en conflictos bélicos o con propósitos delictivos. Mientras que la bancada oficialista (ADN) apoya esta medida como un paso necesario contra el “terrorismo” que explota la inocencia de los jóvenes, los asambleístas opositores advierten que la represión punitiva no soluciona el dilema por sí sola.
La asambleísta Diana Jácome (ADN), quien preside la Comisión de Transparencia, llevó la defensa del proyecto, señalando que el crimen organizado es el “verdadero enemigo” que se aprovecha de la inocencia de los infantes. Jácome resaltó que el reclutamiento no solo sucede en las calles, sino también en redes sociales y videojuegos, por lo que la legislación incluye el bloqueo de contenido de captación y la provisión de becas para los menores que sean rescatados.
En la misma dirección, Camila León (ADN) afirmó que el terrorismo debe ser enfrentado con toda la fuerza de la ley. Indicó que, aunque los menores son víctimas, deben existir repercusiones cuando actúan como perpetradores para asegurar justicia para las familias afectadas. Por su parte, Ana Belén Tapia (ADN) defendió, como es habitual, la gestión del Gobierno, asegurando que en 2025 se reintegraron más de 47. 000 niños al sistema educativo a lo largo de 2026 para fortalecer los departamentos de consejería estudiantil (DECE).
Posturas de la Revolución Ciudadana
Desde la representación de Revolución Ciudadana (RC), se observó que el proyecto coloca el castigo por encima de una prevención efectiva y que existe el peligro de criminalizar a los menores, quienes deben ser considerados siempre como víctimas de la delincuencia organizada y no como infractores.
Por ejemplo, Verónica Íñiguez (RC) calificó al proyecto como una “cortina de humo” y “retórica legislativa”. Denunció que el país sufre un déficit de 64. 000 docentes y que alrededor de 450. 000 menores no están en el sistema educativo, dejándolos desprotegidos ante las bandas delictivas. Igualmente, criticó la desvinculación de personal médico y la crisis en salud mental, aspectos que la ley asume como herramientas de prevención sin asignarles nuevo financiamiento.
Asimismo, Viviana Veloz (RC) presentó datos preocupantes de Unicef: desde 2019 hasta 2024, los asesinatos de menores incrementaron un 627. 5%, con una tasa de homicidios en provincias como El Oro que llega a 46. 3 por cada 100,000 jóvenes. Veloz sugirió que el reclutamiento se considere un delito independiente y pidió la instauración de un Sistema Nacional de Alerta Temprana para identificar la deserción escolar y la violencia en el hogar.
Por otro lado, Pamela Aguirre (RC) señaló que el reclutamiento no es algo elegido, sino impuesto por la violencia y la pobreza. Criticó el cierre de programas como “Da Dignidad” y de centros de alto rendimiento en lugares como Esmeraldas, lo que reduce las opciones de protección real para los niños.
La contienda por las competencias municipales
La participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provocó una división en el Pleno. El oficialismo subrayó la necesidad de que los municipios establezcan alertas tempranas, regulen el uso del suelo (particularmente la cercanía de locales de venta de bebidas alcohólicas y drogas a escuelas) y recuperen áreas públicas.
No obstante, otros legisladores consideraron una “contradicción” demandar más responsabilidades a los municipios mientras se reducen sus presupuestos y se debilita la inversión en lo social. Argumentaron que la seguridad y la política pública integral son competencias del Gobierno Central y que no debería recaer esta carga financiera sobre las alcaldías.
El legislador Ricardo Patiño (RC) advirtió que el mismo informe de la ley indica que el Estado no cuenta con mecanismos operativos ni sistemas de alerta, por lo cual la ley podría acabar “sobrecargando al Estado sin fortalecerlo”.
Propuestas sometidas
El proyecto también incorpora la prevención digital. Reconoce que plataformas de redes sociales como TikTok y videojuegos se han convertido en herramientas de adoctrinamiento y reclutamiento. Entre las propuestas presentadas para el segundo debate están:
La creación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana para detectar deserción escolar y violencia intrafamiliar.
La implementación de denuncias anónimas y confidenciales para resguardar a las familias que temen represalias por parte de las bandas.
El fortalecimiento de la colaboración internacional para combatir la trata de menores asociada al reclutamiento.
A pesar de que el oficialismo resalta logros como la contratación de más de 1. 500 psicólogos para los departamentos de consejería estudiantil (DECE) en 2026, la oposición sostiene que, sin una inversión social sólida y la voluntad política para financiar la ley, esta no será más que “retórica legislativa” o una “promesa vacía”. El proyecto seguirá su curso para elaborar el informe para el segundo debate.