Este viernes 12 de junio, la defensa jurídica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, alertó que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) comenzó la incautación de la casa donde actualmente residen su esposa, Fiorella Icaza, sus tres hijos menores de edad y una persona con discapacidad.
Esto, mientras los abogados de Alvarez participan en una diligencia judicial del caso Goleada, en donde se recepta el testimonio anticipado de un testigo protegido en el marco de la investigación por presunta delincuencia organizada.
La medida de Inmobiliar se ejecuta apenas 24 horas después de que el juez emitiera el oficio correspondiente, en un procedimiento que hoy pone en riesgo la permanencia en su hogar de personas que forman parte de grupos de atención prioritaria.
La actuación genera serias interrogantes. Días atrás, la defensa solicitó a la Fiscalía la individualización de los bienes objeto de la incautación, requerimiento que hasta el momento no ha recibido respuesta. Sin embargo, pese a la falta de pronunciamiento sobre ese pedido, el juez remitió la documentación necesaria para la ejecución inmediata de la medida.
La incautación de la casa de Aquiles Álvarez sucede un día después de que la jueza Karen Alarcón negara la solicitud de caución del alcalde para revocar su prisión preventiva.
La escena provoca indignación. Tres niños y una persona con discapacidad enfrentan la posibilidad de ser desalojados de la vivienda que habitan, mientras el operativo avanza con una celeridad poco común en un sistema judicial habitualmente cuestionado por la demora en la tramitación de sus procesos.
La rapidez con la que se ejecuta esta actuación contrasta con la lentitud que caracteriza a miles de causas que permanecen durante meses e incluso años a la espera de una resolución.
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