La cantidad de personas fallecidas bajo custodia del Estado en las cárceles de El Salvador ha alcanzado al menos las 547 víctimas. Así lo informó la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), alertando sobre una grave crisis de derechos humanos derivada del régimen de excepción implementado desde marzo de 2022.
Esta organización, que brinda apoyo legal a los familiares de los detenidos, destacó que el 94 % de los fallecidos no tenía ninguna relación con las pandillas (maras) y murió bajo la tutela estatal en un entorno de absoluta impunidad. De igual forma, el SJH advirtió que la cifra real de muertes en prisión podría superar las mil personas, debido a que las autoridades ocultan de manera sistemática la información durante los juicios masivos.
Violación de tratados internacionales
Los datos presentados por los activistas demuestran que la gestión carcelaria del Gobierno salvadoreño infringe principios esenciales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP):
Derecho a la vida (Art. 6): El Estado no cumple con su responsabilidad directa de proteger la vida y la integridad física de las personas bajo su custodia.
Derecho a la libertad y seguridad (Art. 9): Se evidencia la práctica de detenciones arbitrarias y masivas, ya que la mayoría de los fallecidos no tenía antecedentes penales.
Derecho a un juicio justo (Art. 14): Los internos murieron sin la posibilidad de presentarse ante un tribunal independiente, lo que anuló por completo su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
¿Crímenes de lesa humanidad?
La ONG también señaló que el carácter sistemático y generalizado de estas violaciones a los derechos humanos cumple con las condiciones establecidas en el Estatuto de Roma, el tratado que regula a la Corte Penal Internacional (CPI).
Bajo este marco legal, actos como la privación deliberada de la vida (asesinato), el encarcelamiento extremo y la persecución política u de otra índole contra la población civil organizada podrían ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.
Contexto del régimen de excepción
El régimen de excepción fue aprobado por el Congreso salvadoreño en marzo de 2022, como respuesta a un violento incremento de los homicidios cometidos por las pandillas. Esta medida suspende de forma temporal varios derechos constitucionales y se ha consolidado como la principal estrategia de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele.