Un tribunal de la Corte Provincial del Guayas ratificó este miércoles 16 de septiembre de 2026 la sentencia de tres años de prisión contra Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, dentro del denominado caso Grillete.
La primera condena fue emitida el pasado 3 de agosto por el Tribunal de Garantías Penales de Durán. En esa ocasión, los jueces Smirnova Caldérón, Nebel Viera y Carlos Churta declararon culpable a Alvarez al considerar que incumplió la medida cautelar que le obligaba a portar un dispositivo de vigilancia electrónica.
El grillete había sido impuesto como medida sustitutiva a la prisión preventiva dentro del caso Triple A, proceso por el que el alcalde fue detenido en su domicilio el 10 de febrero de 2026.
La Corte Provincial del Guayas acogió el pedido de la Fiscalía y confirmó la pena de tres años de privación de libertad contra Aquiles A. por su responsabilidad en el incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente.
Además de la condena de prisión, la resolución establece una multa de USD 4.820, equivalente a 10 salarios básicos unificados. Esta constituye la primera sentencia emitida contra el alcalde.
Tras la ratificación en segunda instancia, la defensa de Alvarez todavía puede presentar un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La decisión judicial se conoce mientras la defensa del alcalde mantiene una solicitud para que se autorice una intervención quirúrgica que, según sus abogados, aún no ha sido atendida.
Alvarez también recibió una segunda condena dentro del caso Triple A. En ese proceso fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión como autor directo del delito de tráfico ilegal de combustibles, junto con otras ocho personas y seis empresas.
Durante la lectura de la sentencia, el juez ponente Jorge Sánchez explicó que, de acuerdo con el fallo, Alvarez habría intervenido en las operaciones investigadas mediante su participación como representante legal, presidente y accionista mayoritario de Copedesa, Corpalubri y Ternape.
La resolución señala que la Fiscalía presentó documentación y testimonios de funcionarios de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas (SRI), elementos que, según el Tribunal, permitieron establecer el control de Alvarez sobre las compañías involucradas.
Los jueces también sostuvieron que los hermanos Alvarez revisaban reportes de rentabilidad y conocían las operaciones relacionadas con el denominado “cambiazo” de combustibles.
Mientras tanto, la justicia todavía no ha emitido una resolución definitiva en el caso Goleada, otro proceso en el que Aquiles Alvarez es investigado por supuesto lavado de activos.