Una jueza de California, Estados Unidos, emitió una resolución que prohíbe a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza detener e interrogar a personas basándose exclusivamente en estereotipos raciales o en su presunta condición socioeconómica. La medida establece límites a las actuaciones de los organismos migratorios, con excepciones en puertos de entrada, puestos de control y otros puntos fronterizos equivalentes.
La decisión, emitida este jueves 29 de octubre de 2026, señala que la apariencia de una persona no constituye por sí sola una sospecha razonable para justificar una detención. Según la agencia EFE, el documento judicial precisa que considerar a alguien latino y presumir que pertenece a un sector de bajos ingresos o de clase trabajadora no es suficiente para fundamentar una intervención migratoria.
La resolución responde a una demanda presentada el año pasado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Sur de California (ACLU) y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los demandantes buscaron frenar las detenciones basadas en perfiles raciales durante las operaciones migratorias impulsadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.
Durante el proceso judicial, los grupos denunciantes presentaron pruebas que, según su argumentación, apuntaban a que el Departamento de Seguridad Nacional promovía prácticas de este tipo entre sus agentes. La controversia se enmarca en las críticas de organizaciones civiles a los procedimientos utilizados durante los operativos migratorios en el sur de California.
Mohammad Tajsar, director de derechos de los inmigrantes de la Fundación ACLU del Sur de California, afirmó que la organización supervisará el cumplimiento de la orden para garantizar que las autoridades respeten las restricciones impuestas por el tribunal. Flor Melendrez, directora ejecutiva de CLEAN Carwash Worker Center y también demandante, señaló que la decisión obliga al Gobierno a respetar los límites legales durante sus operativos.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado las acusaciones de discriminación racial y sostiene que sus actuaciones responden a la aplicación de las leyes y a investigaciones sustentadas en hechos.
La medida judicial se aplica al distrito central de California, que comprende siete condados, incluidos Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. Se trata de una orden judicial preliminar, por lo que no constituye todavía una decisión definitiva sobre el fondo de la demanda. Además, el Gobierno de Trump presentó un aviso de apelación para solicitar la revisión del fallo.