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Legisladores de Argentina y de Ecuador denunciaron la persecución política y el lawfare en América Latina

by Ecuador En Directo

Varios legisladores de Unión por la Patria (UxP) de Argentina y de la Bancada de la Revolución Ciudadana de Ecuador participaron en Buenos Aires del encuentro parlamentario ‘Unión de los Pueblos Latinoamericanos’, en el que también intervino por videoconferencia el expresidente Rafael Correa.

Durante la reunión, realizada en el Salón del Bloque de UxP en la Cámara de Diputados, los participantes firmaron un pronunciamiento conjunto para denunciar la persecución política y el lawfare en América Latina.

Página/12 indicó que los dirigentes de ambos países repudiaron la detención de la expresidenciable Luisa González, además que calificaron de “condena judicial amañada con quita de derechos políticos” el fallo contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

González fue detenida el pasado 22 de octubre en el marco de una investigación por supuesta financiación irregular de sus campañas electorales. Por este mismo caso, también fue suspendido la Revolución Ciudadana, que quedó inhabilitado para participar en las elecciones locales del próximo 29 de noviembre.

En su intervención, Correa denunció la persecución política contra dirigentes progresistas de la región, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Evo Morales en Bolivia.

“La judicialización de la política es una herramienta que se ha aplicado desde hace algunos años en la región contra líderes progresistas para neutralizarlos. No hay ninguna duda de que está racionalizado y apoyado desde Washington”, afirmó.

Correa sostuvo que el lawfare tuvo un alcance especialmente profundo en Ecuador y mencionó los casos de González y del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien está detenido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, por investigaciones penales por presunta comercialización ilegal de combustibles y delincuencia organizada.

Además, hizo hincapié en el caso del exvicepresidente Jorge Glas, que fue detenido por supuesta corrupción en 2017, salió temporalmente de prisión a finales de 2022 gracias a un fallo judicial, y en abril de 2024 fue recapturado cuando Noboa ordenó asaltar la Embajada de México en Quito. Hace pocos días, Glas denunció haber sido golpeado por militares en la cárcel.

El propio Correa se reconoció como víctima de la persecución. “Vinieron atrás de mí, se inventaron casos de sobornos que no existen, no han podido encontrar nunca sobornos. Ha habido muchísimos casos, yo tengo medio gabinete exiliado”, sostuvo.

Por su parte, la diputada de UxP, Kelly Olmos, manifestó que la persecución política contra los dirigentes de partidos populares que “mejor expresan las demandas de justicia social de nuestros pueblos” es un proceso que debilita las democracias y no puede interpretarse como una casualidad, sino como parte de una estrategia.

“Es evidente que en esta etapa se está utilizando en gran medida el sistema de justicia como un mecanismo de disciplinamiento de los dirigentes populares en América Latina”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado argentino Jorge Taiana advirtió sobre la subordinación del poder judicial a intereses políticos y económicos, así como a los de Estados Unidos.

Mientras que el asambleísta de la RC, Ricardo Patiño, denunció irregularidades en la proscripción temporal de su movimiento. “El pretexto es una denuncia absurda, tergiversa un artículo de la legislación ecuatoriana diciendo que si hay una investigación sobre un tema de lavado de activos se puede suspender un partido político”.

A ello se unió la presidenta de dicha organización política, Gabriela Rivadeneira, quien destacó que Ecuador avanzó en “un proceso de desinstitucionalización acelerada” durante los últimos nueve años, y llamó a combatir contra la normalización de los presos políticos en toda la región. “Cristina libre, Luisa González libre, Jorge Glas libre, Milagro Sala libre”, pidió.

Foto Cortesía

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