Su «fealdad» inició hace cuatro décadas una pelea vecinal que aún se mantiene. Es el edificio Coutinho, situado en Viana de Castelo, en el norte de Portugal, donde propietarios atrincherados tratan de impedir su demolición frente a quienes quieren que desaparezca por su «antiestética» altura.
Desde que se construyó en 1975, los vecinos de la ciudad -organizados en el grupo Vianapolis, el mismo nombre de la sociedad que representa al Estado y el Ayuntamiento en esta pelea y que también quiere echarlo abajo-, piden el desalojo y derrumbe del edificio por estar situado en una zona de interés histórico y cultural.
El principal argumento es el contraste estético del bloque, de unas 13 plantas, que choca con las habituales seis alturas que acostumbran sumar los otros edificios de Viana de Castelo. La controversia, que encadena acciones legales durante los últimos veinte años, parecía haber alcanzado un punto definitivo en los últimos días con la luz verde legal definitiva para el desalojo, pero entonces comenzó el atrincheramiento de nueve vecinos que no están dispuestos a aceptarlo.
Son un matrimonio extranjero de nacionalidad no precisada, una economista española, una farmacéutica, un exmilitar y una perra llamada Luna, y todos -a excepción de la mascota- sobrepasan los 75 años.
Su negativa centró entonces la atención mediática, que mostró en directo cómo mantenían el pulso pese a que se les había cortado la luz, el gas, el agua, y finalmente se había prohibido la entrada de alimentos.
Y al final han ganado una prórroga. El Tribunal Administrativo y Fiscal de Braga dio en las últimas horas la razón a los nueve inquilinos, no sólo aceptando la providencia cautelar de su desahucio, sino también anulando la prohibición de introducir alimentos y restaurando de nuevo el suministro de agua, luz y gas.
Es un nuevo paréntesis en una historia que ha alcanzado tintes dramáticos durante la última semana, en la que las autoridades, a través del grupo Vianapolis, comenzaron a derrumbar algunas de las estructuras del inmueble, mientras los resistentes observaban la escena desde sus balcones.
Eran unas demoliciones susceptibles de constituir «riesgos» contra la integridad física de los vecinos, según declaró a medios locales el abogado de los vecinos, Magalhaes SantAna, y que dispararon la preocupación por la integridad física de quienes allí permanecían.
«Aquí los abusados somos nosotros, los poderes públicos. Estas personas intentaron un conjunto de acciones en tribunales, previstas en un Estado de Derecho, y las perdieron todas», ha manifestado el ministro de Ambiente de Portugal, Joo Matos Fernandes.
En el caso de que finalmente desocupen el edificio, el terreno será usado para la construcción de un nuevo mercado municipal, una obra «necesaria», según el ministro.
Fuente: El Comercio