Ni el intento de rectificar por parte de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) les salvó del juicio político. Por unanimidad, nueve de nueve presentes, el pleno de la Comisión de Fiscalización conoció y calificó los pedidos de juicio político en contra del presidente del CPCCS, José Tuárez, y de los consejeros, Walter Gómez, Rosa Chala y Victoria Desintonio, acusados de incumplimiento de funciones.
Además, el organismo legislativo resolvió unificar las solicitudes de interpelación presentadas por Fabricio Villamar y por los legisladores Jeannine Cruz (CREO) y Raúl Tello (BADI). La Comisión tiene hasta el 8 de agosto para presentar el informe sobre si procede o se archiva el juicio político.
Para los asambleístas, la “intención” de los consejeros de echar a bajo la resolución que conformaba una comisión que revise la designación de la CorteConstitucional (CC) confirma el desacato.
En un libreto bien aprendido, los asambleístas que forman parte de la Comisión de Fiscalización sostuvieron que la resolución del Consejo de Participación sigue en firme. El legislador Fausto Terán (AP) sostuvo que el Reglamento del CPCCS en los artículos 18 y 19 señala que las decisiones tomadas están vigentes si no se las reconsidera. “La norma habla de reconsideración, en ningún lado dice eliminar, suspender, retirar. Por sus actos están siendo juzgados”, afirmó.
Coincidió con este discurso el asambleísta Luis Pachala (CREO). “El artículo 18 del reglamento de la misma institución establece que no se puede anular ninguna moción, solo se puede retirarla por voluntad del proponente en la misma sesión”, dijo.
A criterio de Pachala, lo que pudo haber hecho el Consejo es reconsiderar en la misma o en la siguiente sesión, y esto no lo hizo. “La resolución del Consejo de Participación está en pie y nos da la razón para continuar con el juicio político”, afirmó.
El asambleísta Ángel Gende (BIN) fue más allá. Él afirmó que una reconsideración solo se podía dar a pedido de cinco de los siete vocales que conforman el Consejo de Participación, por lo que a su criterio, ni así se hubiera puesto la reconsideración en discusión esto era procedente porque solo estaban cuatro consejeros.
“La decisión demuestra la razón que tenemos los legisladores para el juicio político. Nos han dado la razón en la causal que determinamos”, dijo Raúl Tello en un evento en Guayaquil.
Indicó que el Reglamento de Funcionamiento del CPCCS establece que las resoluciones del organismo entran en vigencia inmediatamente de su aprobación, esto en referencia a los argumentos de la mayoría del Consejo, que señala que la Comisión nunca se conformó, por lo que el supuesto delito de no acatar una sentencia previa de la Corte Constitucional no se consumó.
Juicio Político
Aún falta revisar un pedido más
Para la próxima semana se espera que la Unidad de Técnica Legislativa se pronuncie sobre la solicitud de juicio político presentado por el asambleísta Raúl Tello, como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, en contra del titular del CPCCS, José Tuárez por incumplimiento de funciones al negarse a entregar información a la Comisión y por proselitismo político. En este proceso también está involucrado el consejero Walter Gómez, por proselitismo político.
Otros datos
Cronograma
Este lunes inicia el proceso de sustanciación. Se recibirá a los asambleístas Jeannine Cruz, Raúl Tello y Fabricio Villamar para que presenten sus pruebas de cargo. Mientras que para el jueves está previsto que asistan los cuatro consejeros del CPCCS para que hagan los descargos a las acusaciones.
Trámite
La Comisión debe llevar este proceso de sustanciación hasta el 3 de agosto y, desde el 4 de agosto, iniciar el proceso de elaboración del informe en el que se determine si procede o se archiva la solicitud de juicio político. El plazo para que se presente el documento final es el 8 de agosto.
Fuente: Expreso