El expresidente de Colombia Álvaro Uribe tiene en su contra una orden de detención de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, en un caso por supuesta manipulación de testigos. Uribe siempre ha negado los cargos.
Al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006; 2006-2010) se lo acusa de presunta manipulación de testigos. El caso data de 2014, cuando el senador Iván Cepeda, del opositor Polo Democrático, denunció a Uribe por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, algo que Uribe ha negado constantemente.
Pero Uribe decidió llevar el caso a la corte y denunciar a Cepeda por las graves acusaciones. Argumentó que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve —que actualmente está en la cárcel condenado— y otros testigos, habían sido manipulados y presionados. A través de sus abogados Monsalve negó haber recibido cualquier tipo de beneficios jurídicos o económicos de Cepeda por sus declaraciones.
Pero los magistrados encontraron elementos suficientes para exonerar a Cepeda, y en cambio decidieron investigar a Uribe tras encontrar las que consideran pruebas y testimonios nuevos que involucrarían al expresidente en las mismas prácticas de las que acusaba al senador Cepeda. La denuncia de Uribe contra Cepeda fue archivada.
Jaime Granados, abogado del expresidente, negó que Uribe haya sobornado a Monsalve y que en cambio pidió que el «testigo dijera libremente la verdad».
«No puede entenderse en ningún contexto como un soborno, pues nunca se le pidió por parte del presidente Uribe que el testigo faltase a la verdad o la callase parcial o totalmente», dijo Granados este miércoles en un comunicado.
El abogado de Uribe, Jaime Granados, dijo en un comunicado que se enteró de la decisión de la Corte a través de un comunicado de prensa. Granados le dijo a CNN en Español que no ha sido notificado formalmente por la corte de esta decisión y que el expresidente espera esta notificación en una hacienda ubicada en el norte de Colombia. La defensa del senador y expresidente evalúan qué medidas tomarán, ya sea apelar la decisión o esperar el segundo paso, que seguramente puede ser un llamado a juicio, donde se espera controviertan las pruebas. Según el comunicado de la Corte, las pruebas con las que cuenta son «testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos» de los que se le acusa.
«Es una decisión muy delicada, muy grave, pero la investigación continúa», dijo el abogado penalista Francisco Bernate, en una entrevista con Canal Institucional. Bernate agrega que a partir de ahora sigue el debate, el aporte de pruebas, hasta que la Corte determine si acusa a Uribe o si cerrar el caso.
Entre tanto, la ley colombiana también establece que cuando se le imponga medida de aseguramiento contra un servidor público, en la misma orden se solicitará a la autoridad respectiva proceder a la suspensión del cargo. «Mientras se cumple la suspensión, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el sindicado eluda la acción de la justicia», dice la ley 600 de 2000.