La asambleísta independiente, Mae Montaño, brindó una entrevista al programa Los Especialistas de Ecuador En Directo, donde inició citando las palabras de la fiscal general Diana Salazar, “la ley de extinción de dominio es una herramienta fundamental para luchar conta la corrupción y el crimen organizado. Hay que desestabilizar estas estructuras económicas porque el delito se ha convertido en una actividad lucrativa y esto es injusto e inaceptable en un Estado de derechos y justicia”. Montaño sostuvo que, “durante la pandemia se vio que no era nueva la corrupción, pero ya fue el destape. La corrupción se ha perfeccionado tanto que ya no hablamos de acciones individuales sino de redes criminales donde se encuentran personas de altos mandos del Estado, o sea, personas que deberían de estar ahí para servir”.
La fundadora del Movimiento Creando Oportunidades (CREO) señaló que, “Lo que estamos buscando con la ley de extinción de dominio es contribuir para que esta herramienta sea la mejor. La ley de extinción de dominio no está hecha para perseguir”, explicando que “hay que determinar los mecanismos para que estas herramientas no sean utilizadas por gobiernos autoritarios; la ley no te puede asegurar eso, pero la acción de quienes gobiernan sí, respetando el debido proceso que debe aplicarse en esta ley”.
La entrevistada declaró que deben existir jueces especializados en la materia para evitar que estos mecanismos que son nuevos tengan procedimientos claros para evitar la discrecionalidad en la aplicación de la ley. “Es más fácil aplicar con el afán de persecución al Código Integral Penal que a la ley de extinción de dominio porque esta pasa por etapas bien identificadas”, explicó.
“La ley de extinción de dominio tiene unos principios diferentes a la acción penal en el tema de presunción. En la acción penal la única garantía que existe es la presunción de inocencia y presume la inocencia porque en la acción penal se persiguen personas y existe una sentencia condenatoria; en la extinción de dominio se persiguen bienes o patrimonios y existen tres garantías que son: presunción de buena fe, se presume la validez del negocio jurídico, y la presunción de legitimidad del bien” acotó la asambleísta.
La entrevistada mencionó que los bienes incautados en el proceso de un solo delito son comisados penalmente al terminar el juicio, pero “hay que entender que el delito del narcotráfico tiene otras armas”, explicando que en esos casos no puede llegar el comiso penal pero sí la extinción de dominio ya que esta investiga y llega al exterior para encontrar estos bienes que han tenido un destino ilícito, esta profundiza un ataque a las estructuras económicas.
Mae Montaño aseveró que con esta ley va a ser más fácil para la fiscalía obtener toda la carga probatoria para los delitos que son más recientes, pero se van a tornar más difíciles en aquellos antiguos casos, aunque igual no quiere decir que no se pueda hacer. “Este es un proceso serio porque aquí no se puede juzgar con la honra de las personas ni sus bienes”, concluyó.
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