Los mexicanos elegirán representantes federales, gobernadores, legisladores estatales, miles de alcaldes y otros funcionarios locales el 6 de junio.
México experimentó una nueva escalada de violencia antes de las elecciones de junio. En seis meses, decenas de políticos fueron asesinados en el crimen organizado en un intento por expandir su poder.
La presión de narcotraficantes y otras bandas incluye además secuestros, incendio de viviendas y financiación de candidatos, según el gobierno, que denuncia la existencia de un “partido del crimen organizado”.
Los mexicanos elegirán el 6 de junio a 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos estatales y miles de alcaldes y otros funcionarios locales.
Según las autoridades, 66 políticos han sido asesinados desde septiembre. Dos de ellos fueron el jueves pasado: Chihuahua (al norte) y Veracruz (al este), el aspirante a alcalde de Yuriel. González (Yuriel González) y Melquiades Vázquez (Melquiades) Vázquez).
Los criminales “buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política”, denunció la ministra de Seguridad, Rosa Rodríguez, al anunciar la semana pasada un plan para proteger a candidatos a los comicios parlamentarios y regionales.
Rodríguez añadió que en algunos lugares los delincuentes “designan” aspirantes para controlar los presupuestos y extorsionar a los gobiernos y sus proveedores.
En ese contexto fue asesinado el 24 de febrero Ignacio Sánchez, candidato oficialista a la alcaldía de Puerto Morelos, vecina de la turística Cancún (este).
“Era un tipo apreciado, andaba solo, no como los que están vinculados con el crimen organizado que andan con guardaespaldas. Fue un crimen político. Estaba claro que iba a ganar”, dijo a la AFP un allegado bajo anonimato.
Sánchez, de 42 años, había comentado a personas de su entorno que un contrincante “ofrecía cinco millones de pesos (unos 239.000 dólares) a quien lo asesinara”, agregó la fuente.
Alcalde “pelele”
En México operan una decena de organizaciones del narcotráfico y otras bandas dedicadas al robo de combustible, la venta de droga al menudeo y el tráfico de migrantes, entre otros delitos.
El Cartel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y una nueva vertiente del de Juárez “están tratando de patrocinar candidatos”, asegura Anabel Hernández, autora del libro “Los señores del narco”.
“Si el presidente municipal de un pueblo llega (gana) por (injerencia de) la delincuencia organizada o por la delincuencia de cuello blanco, va a ser un pelele”, ha advertido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La campaña electoral de 2018, en la que resultó elegido el mandatario izquierdista, fue la más sangrienta desde la Revolución (1910-1924) con unas 700 agresiones a políticos, de los cuales 152 fueron asesinados (incluidos 48 candidatos), según un estudio de la consultora Etellekt.
La violencia política “sigue estando enquistada en el ámbito local”, añadió esa firma, que destaca que ninguna persona ha sido detenida por los homicidios cometidos en la actual contienda.
Detrás de la estela de sangre está la pretensión del crimen organizado de “colocar alcaldes que les garanticen impunidad de operación a nivel local”, sostiene Gerardo Rodríguez, experto en Seguridad de la Universidad Autónoma de Puebla
Pero también se encuentran “caciques políticos” que “usan la violencia porque ven amenazado su poder”, apunta Rodríguez.
Alternancia peligrosa
Para Salazar, ese año “se desbarató un sistema de control vertical que ejercía el presidente” hasta el nivel local. De manera que “cuando los alcaldes comienzan a tener poder para designar a sus candidatos empiezan a crecer” los asesinatos, explica Salazar.
Etellekt señala que la mayoría de políticos muertos en el actual período electoral “pertenecía a partidos opositores a los gobiernos estatales”.
La Asociación de Autoridades Locales de México documentó por su parte 192 asesinatos de alcaldes, exalcaldes y políticos locales entre 2006 y julio de 2020.
Asimismo, el director de Etellekt, Rubén Salazar, señaló que este fenómeno “se desarrolla continuamente a medida que avanza el proceso de rotación”, especialmente desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó al poder en 2000. Desde que perdió la presidencia setenta años después, este fenómeno se ha ido intensificando.
Para Salazar, ese año “se desbarató un sistema de control vertical que ejercía el presidente” hasta el nivel local. De manera que “cuando los alcaldes comienzan a tener poder para designar a sus candidatos empiezan a crecer” los asesinatos, explica Salazar.
Etellekt señala que la mayoría de políticos muertos en el actual período electoral “pertenecía a partidos opositores a los gobiernos estatales”.
La Asociación de Autoridades Locales en México registró 192 asesinatos de alcaldes, ex alcaldes y políticos locales entre 2006 y julio de 2020.