Juan Carlos Rueda, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, brindó una entrevista al programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, donde explicó que el problema que se está dando en la Instituto De Seguridad de la Policía Nacional (ISSPOL) se fue gestando durante años en las administraciones de la década pasada, en esas circunstancias se han hecho inversiones de alto riesgo, muchas de esas inversiones se concentraron en una sola persona o en las empresas de una sola persona, estas inversiones fueron por alrededor de 700 millones de dólares en tres operaciones que hoy la gente conoce esto como la operación swap que en realidad nunca se llegó a perfeccionar, es una operación de canje de flujos por orden de 327 millones de dólares, sin embargo el ISSPOL entregó bonos de deuda interna y esta institución no recibió nada a cambio, esta no se perfeccionó nunca, de igual forma se sucedieron con una figura que implementaron el que la denominaron reporto privado de valores, nótese la palabra privada porque para articular en estos procesos precisamente asumieron que los recursos no son recursos públicos eran recursos privados por lo tanto ellos convenían en hacer este tipo de pactos y de acuerdos entre privados que perjudicaron a los intereses del ISSPOL.
El general agregó también que, “tenemos un componente de bonos puros de 161 millones de bonos lo que da un total de 693 millones de dólares administrados por las empresas del señor Jorge Cherres, este volumen gigante de recursos fue certificado año a año por una empresa de depósitos y de liquidación de valores y su acción fue certificar que estos recursos estaban siendo administrados hasta que en octubre del 2020 se desentendieron de esta responsabilidad y dijeron que había sido un acuerdo irregular entre Cherres y uno de sus funcionarios”.
El Director de la ISSPOL sostuvo que las figuras de cesión de derechos fiduciarios compactos de recompra son figuras forzadas porque los derechos fiduciarios no son valores bursátiles que constan en el en el catastro público de valores sin embargo los administradores de esta organización del instituto habían tomado este tipo de prerrogativas para lanzar lo que en realidad eran préstamos y así fue observado por la institución de control en el 2018 y ordenó la desinversión. Estos procesos hoy nos ponen ninguna situación delicada porque efectivamente tenemos que hacer un gran esfuerzo para montar toda una estructura, una reglamentación, y montar capacidades para recuperar una cartera tanto nacionalmente como en forma internacional.
Respecto a las preocupaciones de un futuro manejo de esta situación, el Gral. Rueda manifestó que este problema obedece a muchas circunstancias y una de ellas es la falta de institucionalidad, dejar en las instituciones o darle una competencia en el control de las decisiones de la seguridad social a los organismos políticos. “Ayer un grupo importante de personal de servicios pasivos tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional estuvieron manifestando en forma pacífica pero firme frente a la Corte Constitucional reclamando y la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley reformatoria una ley que perversamente se llamó ley de fortalecimiento del sistema de seguridad en los sistemas de seguridad social, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas y esta ley lo que ha hecho disminuir los ingresos y que esos ingresos estaban constituidos precisamente por las nuestras aportaciones a la larga”, contó el entrevistado. También agregó que este modelo incluido por esta ley y por los legisladores en su tiempo, lo que va a hacer es obligar al estado precisamente a contribuir en mayor medida para el financiamiento de la seguridad social.
Juan Carlos Rueda añadió que, “la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son instituciones serias que vinieron aportando en un porcentaje mucho más alto que el que se aportaba en el régimen de seguridad social general y con esta ley obviamente se eliminó esta posibilidad lo que al final genera una descapitalización de los sistemas de seguridad social y al estado en última instancia le va a tocar y contribuir para financiar la seguridad social”.