Londres le exigirá a París que aclare de inmediato las declaraciones realizadas sobre la posibilidad de imponer sanciones contra el Reino Unido, por una disputa sobre permisos de pesca. Aquella tensión diplomática fue evidenciada con la publicación en Twitter del representante del Primer Ministro británico para el Brexit y la política internacional, David Frost.
«Dado que no hemos recibido ninguna declaración del gobierno francés sobre este tema a través de los canales oficiales, exigiremos una aclaración inmediata sobre sus planes. A la luz de esto, ya tomaremos decisiones sobre qué acciones se necesitan a continuación», escribió Frost.
El portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, dijo que el primer paquete de medidas contra Londres «comenzará a aplicarse a partir del 2 de noviembre, a menos que se cambie la política pesquera británica». Las sanciones francesas prevén normas más estrictas para la importación de mercancías de Reino Unido a Francia, una prohibición de la descarga de productos del mar de los barcos británicos en los puertos franceses y, a largo plazo, también «medidas energéticas relacionadas con el suministro de electricidad a las Islas del Canal». Un portavoz del gobierno enfatizó que el descontento de París se debe a la restricción de las autoridades británicas a la emisión de permisos para pescar en aguas de Jersey. Los pescadores franceses, según Attal, recibieron prácticamente la mitad de las licencias que exigían, lo que se considera inaceptable en París.
En una declaración oficial de un funcionario del gobierno británico, las aseveraciones de París fueron calificadas de «desproporcionadas y decepcionantes». Desde el punto de vista de Londres, la introducción de tales medidas sería contraria al acuerdo comercial que firmaron el reino y la UE, así como al derecho internacional. Londres también prometió proporcionar una respuesta «adecuada y cuidadosamente considerada» a las sanciones si se imponen. La parte británica declara que cumple plenamente con los acuerdos con la UE y recordó la aprobación del 98% de las solicitudes presentadas por los pescadores de la UE que querían pescar en las aguas del Reino Unido.
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