El Gobierno Nacional liderado por Guillermo Lasso ha expresado su rechazo a las acciones del Consejo de la Judicatura (CJ) en Ecuador, subrayando que estas actuaciones no están en consonancia con las necesidades de justicia que el país requiere. El Gobierno ha instado a la ciudadanía a mantenerse alerta y vigilante sobre las acciones del CJ, las cuales consideran que afectan la institucionalidad y la seguridad jurídica del Ecuador.
En particular, el gobierno de Lasso ha condenado lo que considera «lamentables e ilegales actuaciones» por parte del Consejo de la Judicatura, las cuales creen que dañan la dignidad de la Función Judicial y tienen un impacto negativo en la convivencia de la sociedad ecuatoriana. Además, se ha señalado que algunos vocales del CJ están siendo investigados por la Fiscalía por presuntos delitos como tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
Resulta relevante que el Gobierno destaca la ironía de que aquellos encargados de administrar la Función Judicial de manera transparente y en línea con la Constitución sean los mismos que, según su percepción, están violando dichos principios.
En un caso específico, el Gobierno señala que el presidente Guillermo Lasso retiró su confianza en junio del 2022 a Xavier Muñoz, quien ejercía como vocal delegado de la Función Ejecutiva, debido a diferencias en las actuaciones y representación. Este episodio subraya la importancia de la integridad y la percepción de imparcialidad en las instituciones judiciales y administrativas de un país.
La situación en Ecuador entre el Consejo de la Judicatura (CJ) y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) parece estar en un punto crítico. El Gobierno ha descrito el procedimiento utilizado para destituir al juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, como «bochornoso», lo que sugiere que consideran que el proceso fue embarazoso y cuestionable.
La tensión entre el CJ y la CNJ se ha profundizado aún más con la noticia de que el Pleno de la Corte Nacional retiró la confianza a Wilman Terán, quien es el titular del Consejo de la Judicatura. Esto indica que la relación entre estas dos instituciones encargadas de la administración de justicia en el país está en una situación delicada.
En un comunicado emitido por los magistrados de la Corte Nacional, se afirma que ya no confían en Terán y hacen un llamado a los vocales del Consejo de la Judicatura a renunciar. Esta declaración pública refleja la profunda fractura en la relación y la percepción de que la confianza entre estas dos entidades se ha roto.
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