Los miembros de Acción Ecológica, que incluye a Yasunidos y Quito Sin Minería, pidieron este 20 de febrero del 2024 a la Corte Constitucional que active mecanismos para verificar el cumplimiento de los resultados de las consultas populares sobre la explotación petrolera en el ITT y la minería en el Chocó Andino.
Los ecologistas, además de que se active la fase de seguimiento para verificar si se está cumpliendo el mandato popular; también le piden que la Corte Constitucional que inicie procesos para determinar responsabilidades, y si es el caso, que se destituya a todos los funcionarios públicos “que estén intentando incumplir” los resultados de la consulta popular.
Según el abogado del colectivo, Ramiro Ávila, se deberían destituir a los funcionarios «sean estos ministros, directores o el mismo Presidente, porque la Constitución no distingue, si el incumplimiento del mando es de funcionarios designados o elegidos por votación». Según los activistas, el pronunciamiento de la población tras las votaciones del 20 de agosto de 2023, es obligatorio y de inmediato cumplimiento. Pero, tras seis meses desde las votaciones, «el mandato popular no está siendo tomado en serio por la clase política», dijo el abogado.
Inty Arcos, del grupo Quito Sin Minería y de la mancomunidad del Chocó Andino, hizo un llamado a entidades estatales para que se revisen concesiones mineras entregadas de “manera inconsulta” y sin tomar en cuentas marcos legales.
En el caso del ITT, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, ha declarado que, “No es que se va a incumplir la sentencia de la Corte. La sentencia se la va a cumplir. Lo que hay que hacer es modularla. El cierre total no se puede hacer de una manera tan inmediata”. Por otro lado, en el caso del Chocó Andino, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, ya había alterado que la sentencia de la Corte Constitucional, que se encargo de dar paso a la consulta popular, es la que establece que esta rija en el futuro.