El juez nacional Javier de la Cadena dirigió la sesión de formulación de cargos contra Fabiola Gallardo, ex titular de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Pablo Muentes, ex legislador, y otras 10 personas, en el Caso Purga por supuesta delincuencia organizada.
Casi a las 9:00 p.m., el magistrado nacional Javier de la Cadena inició la audiencia de formulación de cargos contra Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; el ex asambleísta Pablo Muentes y otros 10 individuos, en el Caso Purga por presunta delincuencia organizada.
Antes de comenzar, el juez verificó a través de la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia la presencia de los 12 investigados. Cada uno fue situado detrás de su respectivo abogado.
El juez solicitó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, confirmar si se les informó a los sujetos procesales sobre sus derechos constitucionales.
Según Salazar, solo Fabiola Gallardo se habría negado a suscribir el documento de derechos constitucionales en el momento de su arresto. La ex titular de la Corte Provincial de Justicia del Guayas está siendo representada por el abogado Stalin Raza.
En su alocución preliminar, Salazar señaló que el 20 de febrero de 2024, la Fiscalía recibió información que motivó la apertura inmediata de una investigación preliminar y el 4 de marzo se obtuvo un peritaje y un informe policial sobre los investigados.
Según esa información, las 12 personas investigadas (la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; el ex asambleísta Pablo Muentes; la esposa del legislador, Mónica A.; la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth S.; los jueces Johan Gustavo M.; Guillermo V.; Reinaldo C.; Henry T.; Alberto L.; y Nelson Mecías P.; el empresario Fausto A.; y el funcionario de la Judicatura, Saúl M.) habrían cometido actos delictivos.
Tras verificar la jurisdicción de la Corte Nacional, la fiscal está lista para presentar cargos contra cada uno de los investigados, ya que los indicios obtenidos en los allanamientos a varios inmuebles en la provincia del Guayas, junto con los peritajes y el informe policial, respaldarían la hipótesis de que todos forman parte de una organización criminal.
A las 9:16 p.m., el juez concedió un receso de 10 minutos para que los abogados revisen el contenido de los informes policiales en los que se hace referencia a sus defendidos.