La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por el presunto delito de asociación ilícita en el proceso de selección del titular de la Defensoría Pública. La denuncia apunta a posibles irregularidades cometidas por tres aspirantes y miembros de la Comisión de Selección encargada del proceso. En la actualidad, el concurso se encuentra en la fase de impugnación ciudadana.
La etapa de impugnación ciudadana comenzó el 27 de marzo y finaliza el 3 de abril de 2024. Posteriormente, se realizará la designación del candidato mejor puntuado, lo que indica que el proceso se encuentra en sus etapas finales.
Los investigados han sido citados para brindar su versión en la Fiscalía, al igual que los actuales Consejeros de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Durante la investigación privada, la Fiscalía está llevando a cabo diligencias reservadas para determinar la existencia de indicios del delito de asociación ilícita. Por ejemplo, se tiene previsto que los consejeros del CPCCS, Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni, comparezcan el miércoles 3 de abril de 2024 a las 08:30 y 09:30, respectivamente.
Para esta diligencia, deben presentarse con su cédula de ciudadanía y estar acompañados por un abogado patrocinador. Por otro lado, los consejeros Mishelle Calvache y Juan Guarderas deben rendir su versión el jueves 4 de abril de 2024 a las 14:30 y 15:30, respectivamente.
Por otro lado, Betsy Saltos y Johanna Verdezoto deben comparecer el 8 de abril de 2024 a las 09:30 y 11:00, respectivamente. En cambio, el consejero Augusto Verduga deberá hacerlo el 10 de abril de 2024, a las 11:00.
La asociación ilícita se configura cuando dos o más personas se asocian con el fin de cometer delitos, según establece el artículo 370 del Código Integral Penal (COIP). De acuerdo con la normativa penal ecuatoriana, este delito es sancionado, por la mera asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años.