Según un informe de Human Rights Watch: Muchas instituciones educativas en Ecuador no cumplen con denunciar ni implementar los protocolos establecidos para casos de abuso sexual, lo que genera dificultades significativas para que las víctimas obtengan justicia.
La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes está profundamente arraigada en las instituciones educativas del país.
El informe de 65 páginas titulado «Como poniendo parches: Ecuador progresa lentamente al combatir y prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas», presentado por Human Rights Watch, destaca la respuesta insuficiente del Estado ecuatoriano para prevenir y enfrentar los abusos en el sistema educativo. Katherine La Puente, coordinadora de la división de derechos del niño de Human Rights Watch, enfatizó que las medidas de respuesta y prevención del gobierno no están adecuadamente adaptadas a la urgencia y magnitud del problema, subrayando la necesidad urgente de un compromiso firme con la política de tolerancia cero contra la violencia sexual en las escuelas.
En la última década, se han reportado 6.438 casos de violencia sexual cometidos por docentes, autoridades escolares, personal administrativo, conserjes y otros estudiantes, afectando a 7.303 niños, niñas y adolescentes. Entre enero de 2020 y junio de 2024, el Ministerio de Educación registró 2.827 casos, mientras que desde enero de 2014 hasta junio de 2024, se denunciaron 78 casos de conductores de transporte escolar como agresores, elevando la cifra total a 6.516.
Human Rights Watch realizó 68 entrevistas con representantes de organizaciones de la sociedad civil, abogados, activistas, expertos y funcionarios gubernamentales en Ecuador, además de revisar y analizar datos sobre denuncias, investigaciones y enjuiciamientos proporcionados por el Ministerio de Educación, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Según el estudio, los obstáculos para denunciar y la prioridad de proteger la reputación de las instituciones educativas sobre el bienestar de los estudiantes resultan en un notable subregistro de denuncias.
La inseguridad y la violencia crecientes, exacerbadas por la educación en línea debido al cierre de escuelas por la pandemia y otras emergencias, han complicado considerablemente la capacidad de las autoridades gubernamentales en Ecuador para identificar y responder a los casos de violencia sexual en el entorno educativo. Esta situación ha sido severamente criticada por organizaciones defensoras de los derechos infantiles y expertos de la ONU, quienes han alertado sobre el impacto negativo de estos niveles de violencia en los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
En junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo contra Ecuador en el caso «Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador», un precedente significativo sobre violencia sexual en el ámbito educativo. La Corte ordenó al gobierno mejorar la detección y denuncia de casos, capacitar al personal educativo en prevención y respuesta, así como proporcionar asistencia adecuada a las víctimas y sus familias, además de mantener estadísticas actualizadas. Sin embargo, Human Rights Watch reporta que no todas las recomendaciones han sido cumplidas, y casos como el de Paola continúan ocurriendo en las escuelas del país.
Desde el año 2020, Ecuador ha implementado algunas medidas para abordar la violencia sexual en las escuelas y agilizar la justicia para las víctimas. Esto incluye una política pública vigente hasta 2030, destinada a coordinar la respuesta gubernamental en prevención, atención, recopilación de información y acceso de las víctimas a la justicia y reparación integral. Además, en octubre de 2023, el Ministerio de Educación lanzó la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad (ENEIS), también con vigencia hasta 2030, para ser aplicada en todas las instituciones educativas del país. A pesar de estos esfuerzos, Human Rights Watch indica que los resultados no son suficientes y no cumplen con las órdenes establecidas por la Corte Interamericana.
El informe también señala que muchos casos de violencia sexual no se denuncian en las instituciones educativas, a pesar de los protocolos que exigen a todo el personal escolar reportar dichos casos. La organización internacional encontró que el personal no siempre está familiarizado con estos protocolos del Ministerio de Educación y a menudo prioriza la reputación de la institución sobre la protección de los estudiantes. Además, hay una notoria escasez de personal en los departamentos de consejería estudiantil, lo cual incluye psicólogos y orientadores educativos, limitando significativamente su efectividad.
Aunque Ecuador ha avanzado en la educación integral en sexualidad, algunos docentes y padres continúan mostrando resistencia a enseñar temas como la prevención del embarazo adolescente, y en ocasiones se omiten discusiones fundamentales sobre género, orientación sexual e identidad de género, aspectos cruciales para la salud sexual y la prevención de la violencia.
Finalmente, Human Rights Watch expresa serias preocupaciones sobre el sistema judicial ecuatoriano, mencionando que al menos 23 docentes previamente declarados responsables de violencia sexual fueron readmitidos debido a una decisión de la Corte Constitucional en 2021. Esto, junto con la falta de experiencia de los funcionarios judiciales en casos de violencia sexual y de género contra menores, la escasez de fiscales, psicólogos, médicos e intérpretes de lenguaje de señas, contribuye a prolongados retrasos en los procesos judiciales, dejando a las víctimas esperando años para que se resuelvan sus casos.
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