La Contraloría realizará una revisión exhaustiva de la prórroga del contrato entre el Estado y la empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), una medida solicitada por el Frente de Defensa Petrolera Ecuatoriana (FDPE). Según denuncias del abogado Washigton Andrade, esta extensión del contrato ha ocasionado una pérdida de USD 83 millones para el Estado, ya que el OCP continúa siendo administrado por una empresa privada en lugar de ser transferido a Petroecuador.
En un comunicado oficial, la Contraloría especificó que se llevará a cabo un examen especial de las operaciones administrativas, financieras, operativas y ambientales realizadas desde el 19 de enero de 2024 hasta el 31 de julio. Este período incluye la prórroga del contrato para la construcción y operación del OCP, así como el proceso de transferencia de acciones y bienes de la compañía OCP Ecuador.
El lunes 29 de julio, la subcontralora de auditoría de la Contraloría ordenó a la dirección nacional de auditoría de recursos naturales que realice una verificación preliminar. Esta acción tiene como objetivo determinar si se requiere una intervención más profunda según las competencias de la Contraloría.
En resumen, la Contraloría está investigando posibles irregularidades en la gestión del contrato del OCP y evaluará si se han cumplido adecuadamente los procedimientos legales y financieros pertinentes durante este proceso.
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