El Tribunal de Apelación, conformado por los jueces nacionales Julio Inga (ponente), Mercedes Caicedo y Marco Rodríguez, decidirá si concede o no la solicitud de cambio de prisión preventiva presentada por Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y otros ocho procesados.
El 5 de marzo, el juez nacional Javier de la Cadena había dictado prisión preventiva para Gallardo, quien está siendo procesada junto a 24 personas más en el caso Purga por presunta delincuencia organizada.
Han pasado cinco meses desde esa fecha hasta la audiencia de apelación solicitada principalmente por Gallardo.
El caso Purga, derivado del caso Metástasis, también involucra acusaciones de delincuencia organizada. La investigación se enfoca en el sistema judicial de la provincia del Guayas, presuntamente controlado por el exasambleísta Pablo Muentes y Gallardo, quien habría recibido beneficios a cambio de fallos favorables en varios casos, incluyendo expropiaciones de tierras y el Banco del Pacífico.
La Corte del Guayas, bajo la dirección de Gallardo, también habría favorecido a personas privadas de libertad y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a cambio de la remodelación del piso del salón de la Presidencia de la Corte.
La relación pública y asesora de Gallardo, Mayra Salazar, quien fue sentenciada a 15 meses en el caso Metástasis, proporcionó información clave a la Fiscalía para iniciar la investigación.
Durante la audiencia, el abogado Pedro Bermeo, en representación de Ruth Solano, alegó que su cliente estaba injustamente detenida y solicitó el cambio de la prisión preventiva o la imposición de medidas sustitutivas. Posteriormente, Héctor Gabriel Vanegas, abogado de Gallardo, argumentó que no había base legal para la prisión preventiva y pidió que se sustituyera por medidas alternativas. Los abogados del exjuez Guillermo Valarezo hicieron solicitudes similares.
Fabiola Gallardo, quien fue expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, recibió apoyo de Mayra Salazar y se la acusa de influir en decisiones judiciales y recibir beneficios, como la remodelación del piso del salón de la Presidencia de la Corte, a cambio de favores judiciales.
El caso involucra a varios procesados:
- Ruth Solano, exprocuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quien realizó una transferencia de USD 1.400 para la remodelación del piso de la Corte.
- Guillermo Valarezo, exjuez que favoreció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
- Esteban Andrés Chávez, exasesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, implicado en la remodelación del piso de la Corte.
- Miriam Rodríguez, exsecretaria del Consejo de la Judicatura en Guayas.
- José Poveda, exjuez de la Corte del Guayas involucrado en el caso del Banco del Pacífico.
- Jackeline Domínguez, excoordinadora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en Guayas.
- Silvia Orozco, exjueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil.
- Susana Batalla, extécnico de ventanilla e información en el Consejo de la Judicatura del Guayas.
Durante la audiencia, Raúl Villacís, abogado de Miriam Rodríguez, informó al Tribunal que su clienta había desistido de la petición. Tras escuchar al fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien pidió mantener las medidas impuestas, el Tribunal suspendió la audiencia y anunció que notificará a las partes sobre su decisión.
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