La Policía Nacional ingresó el viernes 27 de septiembre de 2024 a las instalaciones de la Empresa Municipal de Seguridad Segura EP, ubicadas en el norte de Guayaquil. La Fiscalía General del Estado aclaró que no se trató de un allanamiento.
Según el Ministerio Público, la presencia de la policía en Segura EP fue para realizar diligencias como la toma de versiones y el reconocimiento del lugar, tras una denuncia del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 que señalaba el presunto bloqueo de 16,000 cámaras de videovigilancia.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció en su cuenta de X tras el ingreso de la Policía. Afirmó que la Fiscalía no procedió con el allanamiento ni con la pericia, ya que no había un denunciante formal.
Asimismo, Álvarez señaló que los policías no se llevaron ninguna evidencia, debido a que no contaban con los recursos necesarios. No obstante, indicó que colaborarían enviando la información que fuera requerida.
El alcalde expresó su preocupación por la decisión de asignar al ECU 911 la gestión de todas las cámaras de videovigilancia de los gobiernos locales, argumentando que la medida no solo compromete la seguridad de la ciudad, sino que también refleja una falta de comprensión en la gestión integral de emergencias.
Además, Álvarez advirtió que, con el aumento en la carga de trabajo sobre los sistemas de videovigilancia, los tiempos de respuesta a las emergencias podrían empeorar debido a la falta de coordinación con entidades clave como los bomberos.