El 27 de septiembre de 2024, las Fuerzas Armadas adjudicaron un contrato por 3,2 millones de dólares a la empresa pública Santa Bárbara. El propósito es la instalación de un campamento móvil en las inmediaciones del complejo carcelario del Guayas, uno de los más conflictivos del país. Este campamento proporcionará un espacio para el personal militar encargado de la seguridad del lugar.
A pesar de las dudas planteadas por la Corte Constitucional sobre la existencia de un conflicto armado interno, el gobierno de Daniel Noboa continúa utilizando esta situación para justificar sus gastos en seguridad. La compra del campamento móvil se enmarca dentro de esta estrategia, alegando que es necesario para apoyar al personal militar en su labor dentro de las cárceles del país.
El personal militar que opera en las cárceles ha asumido un rol clave en la seguridad interna, pero enfrenta condiciones difíciles, trabajando en horarios extendidos y sin lugares adecuados para descansar o asearse. El campamento, diseñado para albergar a unas 1.000 personas, incluye 26 unidades sanitarias con duchas, lavamanos y baterías sanitarias, mejorando así sus condiciones.
El gobierno de Noboa declaró un conflicto armado interno el 9 de enero de 2024, en una guerra contra 22 bandas narcodelictivas que han sido catalogadas como grupos terroristas. Desde esa fecha, el país ha estado bajo estados de excepción, lo que ha permitido a las instituciones de seguridad gestionar sus compras de manera reservada.
A pesar de la reserva en la mayoría de los procesos de compra, el Ministerio de Finanzas ha permitido acceso a la información sobre el gasto público. De los 3.764,8 millones de dólares presupuestados para el Gabinete de Seguridad, hasta septiembre de 2024, solo se ha gastado el 65%, equivalente a 2.450,8 millones de dólares.
Dentro de este gasto, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa son las dos instituciones que más han invertido, representando el 89% del total. Aunque la Policía ha gastado más de 1.087 millones de dólares, no se han evidenciado grandes adquisiciones de equipos, mientras que el Ministerio de Defensa ha ejecutado procesos menores relacionados con mantenimiento y producción audiovisual.