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Reforma urgente: endurecer penas para menores en delitos graves

by Ecuador En Directo

El asambleísta Jorge Peñafiel ha enfatizado la urgencia de reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en Ecuador, dado el creciente involucramiento de menores en actividades delictivas organizadas. Según cifras recientes, se estima que el 60% de las bandas criminales emplean a adolescentes para delitos graves como homicidios, sicariato y tráfico de drogas. Esta práctica se ha facilitado por vacíos legales que otorgan inimputabilidad a los menores, quienes solo enfrentan medidas socioeducativas y no sanciones penales equivalentes a las de adultos.

El proyecto de reforma busca endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en crímenes graves y establecer mecanismos preventivos. Esto incluye la implementación de justicia restaurativa, programas de reinserción social y una supervisión más estricta tras el cumplimiento de las medidas socioeducativas. Además, se plantea un sistema integral de prevención enfocado en reducir la vulnerabilidad de jóvenes frente al crimen organizado mediante actividades culturales, deportivas y educativas.

En el debate legislativo, se ha destacado que las bandas criminales aprovechan la falta de seguimiento efectivo por parte del Estado hacia los adolescentes tras cumplir sus sanciones. Esto permite que muchos reincidan en actividades ilícitas. Organismos como UNICEF han recomendado un enfoque más equilibrado que combine medidas punitivas con un fortalecimiento del sistema de protección integral.

La reforma también aborda la necesidad de especialización en el sistema judicial, incluyendo la designación de jueces y fiscales especializados en justicia penal adolescente. Sin embargo, expertos advierten que sin mejoras significativas en la rehabilitación social y en las condiciones del sistema penitenciario, estas medidas podrían resultar insuficientes.

Esta iniciativa legislativa refleja un esfuerzo por enviar un mensaje contundente al crimen organizado y garantizar que el uso de menores en actividades delictivas no quede impune. La discusión sigue abierta en la Asamblea Nacional, con perspectivas divididas sobre el equilibrio entre castigo y rehabilitación.

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