Este 7 de febrero de 2025, 74 Estados Partes del Tribunal Penal Internacional (TPI) han expresado su apoyo a la labor de esta corte, en respuesta a una orden ejecutiva firmada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.
Este miércoles 6 de febrero Trump firmó una orden ejecutiva, la cual busca imponer sanciones a altos funcionarios y empleados del TPI tras la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por su presunta implicación en crímenes de guerra en Gaza.
Trump argumenta que el TPI ha sobrepasado su autoridad al investigar a personal de EE.UU. y aliados, incluyendo el uso de «órdenes de arresto infundadas».
Ante esta situación, 74 naciones, impulsadas por Eslovenia, Luxemburgo, México, Sierra Leona y Vanuatu, han reafirmado su apoyo a la independencia y la imparcialidad del TPI, considerándolo fundamental para la justicia internacional y responsable de la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves.
La orden de Trump se percibe como un «desafío sin precedentes» para el funcionamiento del tribunal, aumentando el riesgo de impunidad para quienes violan el Derecho Internacional, un mecanismo esencial para la seguridad y el orden mundial.
Asimismo, los países advirtieron que las sanciones pueden comprometer la confidencialidad y la seguridad de aquellos implicados en los procesos, incluyendo a víctimas y testigos.
En un comunicado, naciones como Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Jordania, Nigeria, Portugal, Palestina y el Reino Unido se comprometieron a garantizar el funcionamiento independiente y eficaz del TPI, destacando su papel crucial en la lucha contra la impunidad y la promoción del Estado de derecho y de los Derechos Humanos.
«En nuestro esfuerzo colectivo por defender la justicia internacional, subrayamos el papel indispensable del TPI para poner fin a la impunidad, promover el Estado de derecho y fomentar el respeto duradero del Derecho Internacional y los Derechos Humanos», concluyen.