TCE emite resolución sobre apelación de Verónica Abad y ratifica sanción por violencia política
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) celebró una sesión plenaria el 24 de marzo para resolver la apelación presentada por la vicepresidenta Verónica Abad en relación a la denuncia de violencia política interpuesta por la canciller Gabriela Sommerfeld. La audiencia, que originalmente estaba prevista para el 21 de marzo, fue pospuesta para dar tiempo a los jueces para analizar adecuadamente el proyecto de sentencia. Ese mismo día, se registró una falsa alarma de bomba en las instalaciones del TCE.
En primera instancia, el juez Guillermo Ortega había fallado a favor de la denunciante, imponiendo una sanción económica de 14,100 dólares (equivalente a 30 salarios básicos unificados) y la suspensión de los derechos políticos de Abad.
La sesión del 24 de marzo, realizada de manera virtual, contó con la participación de la presidenta del TCE, Ivonne Coloma, y los jueces Joaquín Viteri, Fernando Muñoz, y Ángel Torres, con Richard González participando a distancia.
Verónica Abad defiende su cargo antes de la resolución del TCE
Previo a la sesión, Verónica Abad expresó su postura en su cuenta de X, señalando que, en caso de que se le retiren sus derechos políticos, estos no tendrían carácter retroactivo, ya que su cargo fue otorgado por los ecuatorianos en 2023. Rechazó la idea de que la suspensión de sus derechos políticos implicara su destitución, argumentando que el TCE no tiene la autoridad para remover a una vicepresidenta elegida por voto popular, ya que esa facultad corresponde a la Asamblea Nacional, a través de un juicio político.
Abad también recalcó que su cargo fue conferido para reemplazar al presidente en su ausencia, y que su función es propia y natural.
El TCE ratifica la sanción y rechaza la apelación
El TCE resolvió, con tres votos a favor, rechazar la apelación de Abad y ratificó la sentencia en su contra por violencia política de género. La sanción incluye una multa de 14,100 dólares y la suspensión de sus derechos políticos por un periodo de dos años.