Este miércoles 4 de junio de 2025, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, avanzó en el tratamiento de dos proyectos de ley con carácter económico urgente, enviados por el presidente de la República, Daniel Noboa: la denominada «Ley de Solidaridad Nacional» y la reforma al sistema de contratación pública.
El proyecto de reforma al sistema de contratación pública, presentado por el Ejecutivo el pasado 27 de mayo de 2025, tiene como objetivo modernizar y simplificar los procesos de adquisiciones estatales. Durante la sesión, la subdirectora encargada del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), María José Carvajal, explicó que la actual plataforma de compras públicas, ha sido declarada obsoleta por organismos internacionales, lo provoca una dificultad en la detección de irregularidades y limita el acceso a datos abiertos.
Entre las principales propuestas de la reforma, están:
- Eliminación de la modalidad de cotización por menor cuantía, originalmente pensada para obras menores.
- En la contratación de consultorías, se propone eliminar las modalidades de contratación directa y lista corta, dejando vigente únicamente el concurso público.
- Mantenimiento del sistema de subastas para las compras públicas, pero con modificaciones tecnológicas.
Por otro lado, la legisladora Liliana Durán, manifestó su preocupación por la posible eliminación de las preferencias en contratación que tienen las Mipymes y las empresas asociadas a la economía popular y solidaria. En respuesta, Carvajal aseguró que, aunque esos detalles no están explícitos en el proyecto, serán incluidos en los reglamentos derivados de la ley, conforme al mandato constitucional.
De manera simultanea, la Comisión de Desarrollo Económico trabaja en la finalización del informe para el segundo debate de la «Ley de Solidaridad Nacional», que busca combatir las economías criminales. El legislador oficialista Steven Ordóñez, indicó que el informe será aprobado el jueves 5 de junio. Entre las modificaciones realizadas al documento se incluye la inversión de recursos económicos en la línea de frontera y la incorporación de artículos sobre medidas de prevención de la violencia.
La presidenta de la comisión, Valentina Centeno, destacó que la ley tiene dos enfoques: uno económico-tributario y otro penal. En el aspecto económico, se busca permitir la colaboración de la empresa privada con donaciones en insumos y equipamiento a las fuerzas del orden, ofreciendo incentivos tributarios a cambio. En el enfoque penal, se incluyen reformas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
Finalmente, se espera que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convoque a sesión del Pleno el sábado 7 o domingo 8 de junio, con el objetivo de debatir y aprobar la propuesta oficial.