El sector privado tendría la posibilidad de encargarse de la administración de reservas naturales con fines turísticos o de investigación científica, según lo establece el nuevo proyecto de Ley de Áreas Protegidas enviado por el Gobierno.
Se trata de una propuesta breve, pero con potencial para generar debate dentro de la Asamblea. El presidente Daniel Noboa, remitió el 14 de junio de 2025 el proyecto de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local. Este es el tercer proyecto con carácter económico urgente que se presenta durante el primer mes de labores del nuevo Legislativo, instalado el 14 de mayo.
De acuerdo con cifras del Ministerio del Ambiente, que sustentan la iniciativa, Ecuador posee 91 ecosistemas, de los cuales 87 están mapeados y abarcan el 61,58% del territorio nacional. Sin embargo, no todos cuentan con la misma categoría de protección ni forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Según información del portal del propio Ministerio, existen 78 áreas protegidas en el país, lo que representa algo más del 19,4% del territorio.
No obstante, según el Ejecutivo, estas zonas presentan al menos dos problemas principales, agravados por situaciones como la pandemia, el conflicto armado interno y la crisis económica que atraviesa Ecuador. Las dificultades señaladas son:
Por un lado, tanto el Gobierno central como los Gobiernos locales han dejado de asignar los fondos necesarios para preservar estos espacios, priorizando otros temas. Y por otro lado, se ha detectado la presencia de grupos del crimen organizado involucrados en actividades como la minería ilegal, tala indiscriminada y caza furtiva, que ocupan estas áreas protegidas para llevar a cabo sus operaciones ilegales.
«No veo inconveniente en que se muestre el rostro de jueces y fiscales que liberan a delincuentes», declara Reimberg.
Con este diagnóstico, el presidente Daniel Noboa plantea ante la Asamblea un proyecto con cinco artículos y una disposición transitoria, entre los que se destacan:
Aunque el proyecto establece que las áreas protegidas seguirán las directrices y normas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional, se proponen tres formas de gestión:
- Gestión directa por parte del Gobierno central o Gobiernos locales.
- A través de contratos que permitan la participación del sector privado, ya sea nacional o internacional, en su administración y operación.
- Otros mecanismos permitidos por la legislación vigente.
En cuanto a la seguridad en estas zonas, se señala que «la autoridad competente podrá solicitar a la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que brinden seguridad en el perímetro del área protegida, bajo el modelo de gestión y compensación que se determine».
«Las áreas protegidas se han vuelto víctimas del crimen organizado», advierte WWF Ecuador. Esta colaboración con las fuerzas del orden no sustituirá las funciones de los guardaparques, ni la implementación de tecnología satelital para controlar zonas de difícil acceso.
La participación del sector privado en la gestión de áreas protegidas se realizará mediante contratos con el organismo público correspondiente, siempre que existan motivos como: Prestación de servicios turísticos, facilitar el acceso ciudadano al patrimonio natural del Estado, la provisión de servicios ambientales.
El proyecto, que deberá ser revisado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), no especifica la duración de estos contratos, aunque hace referencia a plazos de corto y mediano término. La disposición general única contempla una remisión del 100% sobre cánones vencidos de arrendamiento, intereses, recargos y multas, destinada a la pesca artesanal.
Este perdón de deudas aplicará únicamente si los contratos se encuentran vigentes dentro de su plazo original o han sido renovados por pescadores artesanales u organizaciones vinculadas a la economía popular y solidaria. Hasta el mediodía del 16 de junio, la mayoría de los asambleístas aún no había podido revisar en su totalidad la propuesta.
El bloque de la Revolución Ciudadana (RC), tenía previsto reunirse la tarde de ese lunes para evaluar el proyecto remitido por el presidente Daniel Noboa y definir una postura al respecto.
Finalmente, la legisladora Ana Herrera, evitó emitir comentarios anticipados, aunque adelantó que el correísmo no permitirá que se intente privatizar las áreas protegidas del país bajo el argumento de financiar su administración, ya que considera que esa tarea corresponde exclusivamente al Estado.