Este martes 17 de junio de 2025, el exvicepresidente Jorge Glas compareció ante la Corte Nacional de Justicia en Quito para ser juzgado en el caso de la Reconstrucción de Manabí. La audiencia se realizó tras una evaluación psiquiátrica que confirmó que Glas padece depresión severa con alto riesgo de suicidio, aunque sus capacidades cognitivas se mantienen intactas.
La Fiscalía alegó que Glas y Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción, aprobaron proyectos no prioritarios tras el terremoto de 2016, lo que condujo a un supuesto malversación de fondos públicos. El fiscal Wilson Toainga declaró que el daño al Estado supera los USD 225 millones debido a la priorización de once proyectos de infraestructura.
En su defensa, el abogado de Glas, Andrés Villegas, argumentó que su cliente no tenía facultades para autorizar contratos ni para seleccionar los proyectos que priorizar. Enfatizó que los contratos en cuestión ya se habían firmado antes de la participación de Glas y descartó la idea de que se hubiera producido algún desfalco a través de dichos procesos.
Roberto Calderón, abogado de Carlos Bernal, respaldó esta afirmación señalando que las aprobaciones de los proyectos se realizaron de forma colectiva por el Comité de Reconstrucción. Añadió que Bernal, al igual que Glas, no podía firmar contratos ni autorizar pagos, ya que la Secretaría de Reconstrucción carecía de legitimación para llevar a cabo tales acciones.
Ambas defensas destacaron que los proyectos en cuestión se ejecutaron en su totalidad y han mejorado significativamente el acceso a los servicios públicos en la zona. Argumentaron que estas obras, ahora en uso activo, benefician a la población de Manabí y, por lo tanto, es incorrecto reclamar pérdidas o daños totales al Estado.
Previo a la audiencia, una evaluación psiquiátrica realizada el 11 de junio confirmó la depresión severa de Glas, pero no encontró deterioro de su razonamiento ni de su inteligencia. Con base en esto, las autoridades determinaron que debía regresar a la prisión de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil después de la sesión judicial.
El juicio marca un momento crítico en el proceso legal relacionado con el uso de los fondos de reconstrucción tras uno de los terremotos más devastadores de Ecuador. Si bien la Fiscalía busca demostrar mala praxis, la defensa insiste en que la infraestructura no solo existe, sino que ha contribuido a la recuperación y el desarrollo de Manabí.