Las autoridades ecuatorianas han detenido recientemente a varias personas vinculadas a la minería ilegal dentro de zonas protegidas del archipiélago de Galápagos. Estos operativos responden a un aumento de alertas ambientales en reservas naturales del país.
La ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, María Luisa Cruz, informó en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional que se han registrado 796 alertas de minería ilegal en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus zonas de amortiguamiento. Según un diagnóstico oficial, al menos 12 áreas protegidas han sufrido daños en más de 400 hectáreas, mientras que seis reservas marinas han sido impactadas por actividades ilegales realizadas por grupos de delincuencia organizada, en un radio aproximado de 60 millas náuticas.
Durante los operativos en Galápagos se logró la captura de varios individuos que estarían involucrados en la extracción no autorizada de minerales. También se incautó maquinaria pesada y otros materiales utilizados en dichas actividades ilícitas.
El proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, que se discute actualmente en la Asamblea, contempla sanciones más estrictas contra estas prácticas, así como incentivos para fomentar el turismo sostenible, la investigación científica, la educación ambiental y la corresponsabilidad comunitaria.
Organizaciones como Wildlife Conservation Society han solicitado mayor autonomía institucional para el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, así como la implementación de fondos sostenibles y esquemas de cogobernanza con pueblos indígenas. Además, han enfatizado la urgente necesidad de proteger a los guardaparques y fortalecer al Ministerio del Ambiente para garantizar una gestión efectiva de los recursos.