El grupo terrorista Los Choneros ha cruzado la frontera sur y establecido presencia en territorio peruano, específicamente en la zona de la Cordillera del Cóndor, donde controla operaciones ilegales de extracción de oro. Comunidades indígenas awajún y fuentes regionales denunciaron que la banda armada se ha apropiado de rutas mineras y desplazado tanto a mineros artesanales, e incluso a grupos delictivos locales.
Los informes indican que los Choneros utilizan armamento de alto calibre y vehículos pesados para dominar territorios estratégicos, facilitando el contrabando de minerales a través de rutas clandestinas que conectan Yantzaza (Ecuador) con Condorcanqui (Perú). También han construido vías ilegales para movilizar maquinaria y oro sin ser detectados por las autoridades fronterizas.
Se han documentado enfrentamientos en la zona, incluyendo intercambios armados con comunidades indígenas que resisten la invasión. El conflicto ha generado alarma por el riesgo de militarización del área y por el impacto ambiental en zonas protegidas, afectando ríos y selvas vírgenes.
Tanto el Gobierno peruano como el ecuatoriano han anunciado operativos conjuntos para recuperar el control del territorio. Sin embargo, líderes locales aseguran que la respuesta estatal ha sido limitada, mientras la estructura criminal continúa expandiéndose con respaldo logístico y financiero.
Ambientalistas y expertos en seguridad advierten que esta expansión no es solo una amenaza para la seguridad interna de ambos países, sino también un factor de desestabilización regional. El saqueo ambiental, el desplazamiento de comunidades y la captura de territorios por grupos narco-mineros reproducen dinámicas de conflicto similares a las vividas en Colombia en décadas anteriores.
En los últimos días, militares peruanos han destruido dragas y confiscado cargamentos de oro procesado, aunque las rutas ilegales permanecen activas. Se estima que los Choneros obtienen ganancias millonarias gracias a la extracción clandestina, financiando así su expansión y compra de armamento.
Las organizaciones indígenas exigen al Estado que, más allá del enfoque represivo, se implementen políticas de desarrollo alternativo, protección ambiental y respeto a la soberanía de los pueblos originarios. La situación actual revela una peligrosa convergencia entre crimen organizado y vacíos de autoridad en zonas limítrofes críticas.